AVIÓN NEGRO conversó con Florencia Saintout, la actual Presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Fue directora del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, diputada de la provincia, concejala de La Plata y decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.
Durante el gobierno de CFK y luego de amplios debates con la participación de diversos actores sociales y políticos se aprobó una ley de medios que jamás pudo ser aplicada plenamente. Más allá de esto, ¿cuál creés que es el saldo de aquellas discusiones que atravesaron al conjunto de la sociedad, de los actores políticos, culturales y mediáticos? ¿Creés que hubo avances, más allá de la imposibilidad de aplicar la ley?
Bueno, esa es una pregunta muy difícil porque si bien pudimos discutir y poner en evidencia el problema de la alta concentración mediática y visibilizar a esos actores como actores políticos, también lo que sucedió es que hubo una gran concentración de poder y que hoy nos regimos por un decreto de Macri. Un decreto que hasta hoy no fue puesto en discusión y que un gobierno democrático como el que tenemos no sabemos si no pudo, no quiso o simplemente tomó la decisión de no cambiar nada. Hoy tenemos cada vez medios más concentrados que se mueven como mafias y hacen un daño enorme a la sociedad y a la democracia.
Los medios son actores sociales muy poderosos. Alcanza con ver lo que hicieron en este tiempo con nuestro país y con toda América Latina, generando situaciones de violencia y siendo artífices fundamentales de golpes institucionales a lo largo y a lo ancho de nuestro continente.
Sin embargo, también considero que la producción de esta ley es un punto de inflexión en nuestra historia. Es importante destacar el proceso de producción que tuvo, en el que múltiples organizaciones sociales, comunitarias y políticas debatieron qué comunicación queremos para nuestro país. En ese momento hubo un Estado que tomó una posición política entendiendo que la información, por sobre todas las cosas, es un derecho y la comunicación audiovisual es una actividad de interés público con un fin social.
Me parece que el avance fue disputar y comenzar a construir la subjetividad desde más de un lugar, discutiendo la hegemonía de los monopolios mediáticos. Los medios son actores sociales imprescindibles en nuestra democracia y es también a través de ellos que se da el debate público y, sobre todo desde la pandemia, desde donde debemos decidir qué tipo de país queremos y merecemos.
Ahora, también es cierto que la posición política trajo aparejada una fuerte represalia por parte de los medios concentrados que actuaron como una mafia, hostigando, amenazando, demonizando, persiguiendo y buscando proscribir, mientras instalaron un periodismo de guerra contra un gobierno cuya búsqueda era aún más democracia.
Yo no soy tan optimista con el saldo de esa discusión, pero sí creo que ese saldo queda en el acervo político de nuestro pueblo y tal vez en algún momento pueda ser utilizado o no. La historia lo dirá, pero en los hechos hoy tenemos más concentración, más violencia mediática y mafia mediática operando cada vez con menos reparos en sus acciones.
Al asumir el gobierno de Cambiemos, una de sus primeras acciones fue dejar sin efecto la ley de servicios de comunicación audiovisual favoreciendo al grupo Clarín y a los medios hegemónicos. Al asumir nuestro gobierno, sin embargo, no se avanzó en la reposición de aquella ley ni en la construcción de una nueva. ¿Cual creés que hubiera sido la política de medios apropiada, teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontrábamos en 2019?
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue impulsada por un debate que dio la misma sociedad durante 25 años y con múltiples sectores para modificar una ley hecha por la dictadura, que no solo preocupaba por su lugar de origen, sino porque no contemplaba en absoluto el avance de las nuevas tecnologías en el campo de la comunicación.
Era una ley vetusta, arcaica y que jamás contempló al pueblo a la hora de realizarse.
Hoy la regulación de los medios está reglamentada por un decreto de Mauricio Macri que no solo favorece a los sectores concentrados de poder, sino que deja por fuera a todos los actores sociales que habían sido incorporados en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La política que se llevó adelante es, de mínima, rara e indiferente por sus resultados y porque parte de entender que no se puede hacer nada y eso, de entrada, es la anulación de la política. Hace años no hay una política de medios. Se entregó la información al mercado, por lo que los medios pasaron a ser completamente mercantilistas.
Nuestro país necesita volver a discutir la concentración de los medios y el rol social de estos, y creo que el método que se llevó a cabo en aquel entonces —el de debatir en foros, asambleas, universidades y múltiples espacios institucionales a lo largo y ancho del país— fue una forma acertada para construir una ley absolutamente democrática.
Estoy convencida de que los medios de comunicación son un actor de suma importancia para nuestras jóvenes democracias y es con las herramientas de la democracia que tenemos que construir un sistema de medios mejor y más justo.
La política que considero es la correcta, es desarmar el decreto de Macri, reponer la ley y seguir peleando por eso y seguir planteando más democratización, denunciando la mafia mediática y la mafia judicial que fue un factor fundamental para que la ley no pudiera aplicarse nunca. El problema no es puntualmente contra un medio o conglomerado de medios específico, el problema es contra las mafias mediáticas que desde hace muchísimos años pisotean la democracia desoyendo las demandas populares y construyendo alianzas para garantizar su impunidad, como puede verse claramente en la relación de ciertos medios con jueces y otros integrantes del partido judicial, donde los sobornos, la connivencia y la corrupción deben ser no solo repudiados sino también investigados. Hacia ahí hay que apuntar, hacia una ley que garantice un fortalecimiento de nuestra democracia atacando a los mafiosos que muy lejos están de representar los intereses del pueblo.
Actualmente la concentración mediática está más vigente que nunca, hay tres o cuatro grupos económico-mediáticos que controlan la grilla de la televisión, la radio e incluso de las nuevas formas de comunicación. ¿Qué posibilidades tiene el Estado para construir una política que incida en un sentido democratizador y emancipador, pese a este contexto de concentración?
En primer lugar, hay que asumir la responsabilidad política de querer llevar adelante esa batalla. Son empresas muy poderosas y, como empresas, han acumulado capital no solo material sino también simbólico, y lo hicieron de manera escandalosamente desigual y pisoteando las reglas democráticas e institucionales de nuestro país. Todo lo que hemos hablado y puesto en común, sobre cómo desarmaron una ley de servicios de comunicación audiovisual, fue para esto, para acumular y conglomerar capital material, simbólico y político.
Hoy en día, ese poder radica no solo en su capacidad de replicar mensajes, sino también en su convivencia con el partido judicial y su odio a la clase trabajadora y los gobiernos populares que la representan. Ese odio no es gratis y se evidencia en cómo endeudaron a la Argentina, en la fuga de capitales histórica y vergonzosa que cometieron cuando estuvieron en el gobierno, y en el vaciamiento de lo público que realizaron, destratando las necesidades del pueblo.
Hay que repensar la comunicación y entender que si queremos afianzar la democracia, necesitamos volver a discutir y debatir una nueva ley que nos permita volver a diversificar el juego.
Como dice Peñafort, la historia reciente indica que las políticas públicas pueden avanzar hasta un cierto punto, pero hay un poder que está firmemente determinado a volverse el dueño y controlador absoluto de uno de los recursos más estratégicos que tienen las sociedades.
El Estado tiene la responsabilidad de trabajar una política que se pare frente a los grandes dueños de los medios, de redes, de productores y manipuladores de la información para ponerles un límite. Bien sabemos que podemos diseñar las mejores leyes con un hermoso ejercicio teórico y desarrollo intelectual, pero sabemos que necesitamos el compromiso de varios poderes del Estado.
Los debates acerca de la regulación de las nuevas formas de comunicación tales como las redes sociales, atraviesan en este momento el mundo en un contexto de polarización política que se da tanto en los países centrales como en los periféricos. ¿Cuáles creés que son las herramientas de los Estados en las actuales condiciones históricas para desarticular las fake news, los discursos de odio, etc.?
Me parece fundamental que los medios de comunicación y el periodismo puedan preguntarse cuál es la responsabilidad social que ejercen y cómo responden frente a esa responsabilidad social. La mejor herramienta que posee el Estado en la actualidad para combatir las fake news y los discursos de odio es plantear el problema de cara a la sociedad, mostrar el daño que causan y que la sociedad tenga la libertad de poder actuar en consecuencia. No hay mejor regulación que la que hace la misma sociedad, porque esa regulación nace cuando considera necesario poner un límite a lo que es capaz de tolerar, sin la necesidad de prohibir la palabra de nadie.
El espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era crear nuevas voces para que la gente pudiera tener un abanico más grande desde donde obtener información. Eso permitía ampliar el caudal informativo desde el cual la sociedad se mantuviera más y mejor informada, para no caer sencillamente en la falsa información o encontrarse más vulnerable frente a ciertos discursos de odio de carácter monopólico. El debate por los discursos de odio también es un debate por la concentración de los medios y el daño que pueden causar cuando ese poder se utiliza irresponsablemente.
Es por eso que los discursos de odio deben ser combatidos desde la responsabilidad de todos los partidos políticos, trabajando todos los días para desnaturalizar esos discursos que promueven la eliminación del otro. Los discursos de exterminio tienen que ser reemplazados por el discurso de la política que no necesariamente significa estar de acuerdo con todo lo que el otro cree o propone, pero sí implica respeto y la no negación de ese otro.
Los discursos de odio que día a día se impregnan con mayor fiereza y peores consecuencias en nuestra sociedad, necesitan de la responsabilidad política, mediática y ciudadana que los frene.
Por último, desde la gestión cultural, ¿cuáles son las líneas de acción que considerás fundamentales para promover una democratización, tanto del acceso como de la producción de bienes culturales en el contexto actual?
Desde que asumimos en el Instituto Cultural de la provincia trabajamos fuertemente en garantizar que los y las bonaerenses puedan gozar de la enorme producción cultural que posee nuestra provincia, pero también brindar las herramientas a la sociedad para que pueda producir una cantidad mayor de bienes culturales. Fue una línea en común que encontramos con Axel y desde la que decidimos construir a futuro caminando juntxs.
Sabemos que el neoliberalismo promovió la cultura del individualismo, la meritocracia y el sálvese quien pueda, donde el que podía pagaba y el que no se quedaba afuera. Esa cultura pensada como una mercancía es la que venimos a desterrar, porque entendemos a la cultura desde el acceso a los bienes culturales, no solo al consumo sino también a las herramientas para que el pueblo los produzca.
Hablábamos antes de la democratización de la comunicación. La cultura debe ser democratizada atendiendo a la descentralización y distribución equitativa de los medios de producción cultural, favoreciendo la integración provincial.
Nuestro proyecto de gestión es regional. Entendemos a la cultura desde el reconocimiento de los territorios de la provincia de Buenos Aires. Esta provincia es profundamente rica en diversidad, heterogeneidad e interculturalidad que es propia a toda su configuración identitaria. En este sentido, se trabajó mucho para volver a poner en funcionamiento el Teatro de la Comedia, también se recuperó la cotidianidad cultural con múltiples funciones, muestras, homenajes y espectáculos para todo el público y, de forma gratuita, el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino.
Sin lugar a dudas, esta puesta en valor de infinidad de espacios culturales a lo largo y a lo ancho de la provincia, como todas y cada una de las bibliotecas populares, los museos o el archivo histórico provincial, son posibles cuando hay un Estado conducido por un gobierno popular que se encuentra presente en la construcción cultural de la sociedad y no la deja en manos del mercado, como si solo representará un negocio o una mercancía.
Hablábamos de la democratización de la comunicación anteriormente. El gran tema que atraviesa a nuestra sociedad hoy en día es la dicotomía de elegir entre mafias o democracia. El problema no es con los medios de comunicación, no es con un diario, sino con las mafias y con el líder de esa mafia que es Héctor Magnetto.
La complicidad, la existencia común entre la mafia judicial y la mafia mediática con un jefe común que es Magnetto y todo su conglomerado de medios. No va a haber posibilidad de democratizar la comunicación ni la cultura sin una sociedad y un poder político comprometidos con dar las batallas que hay que dar. No lo va a resolver el mercado ni los medios en sí mismos, lo va a resolver la política. El gran asunto es democracia o mafia y en esa disputa de democracia o mafias, las comunicaciones y la cultura tienen que estar ligadas, necesariamente, a procesos de democratización.
