El futuro llegó

Esta columna tiene por objeto sintetizar algunas de las propuestas que componen la visión de la Argentina del Siglo XXI que el candidato de Unión por la Patria nos está convocando a construir a partir del 10 de diciembre, no solo a quienes formamos parte de esta fuerza política sino al conjunto de actores y sectores que -no ya desde una perspectiva político-partidaria ni ideológica, sino estratégica- comparten el sueño de una Argentina grande, a la altura de su potencialidad y la de nuestros hombres y mujeres, algo que Sergio Massa ha llamado a materializar en la construcción de “un gobierno de unidad nacional”.

Hablar de “Argentina del Siglo XXI” no es casual porque, como se sostuvo en una columna anterior[1], el mundo está cambiando, y nuestro país -y las políticas que modelen nuestro futuro en este tiempo crítico, bisagra-  no debería ser ajeno a esas transformaciones. En este contexto, lo primero que habría que valorar es que Sergio Massa aparece como el único candidato que nos propone a los argentinos y a las argentinas una agenda de futuro, una visión y un proyecto de país que se piensa geoestratégicamente en el tiempo particular que nos toca vivir, y que se proyecta hacia adelante con vocación de una grandeza que sabe posible.

Hay un nuevo orden emergente, con nuevos polos de poder, con renovado protagonismo de los países en desarrollo, como el bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que Argentina integrará a partir del 1 de enero de 2024 junto a un selecto grupo de otros cinco países (Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán), mientras otras tres decenas de naciones se agolpan para ser parte de esta poderosa unión de cooperación para el desarrollo, que ya cuenta con su propio banco de desarrollo y avanza en la creación de una moneda de uso común respaldada por activos reales. Paréntesis: los dos principales candidatos opositores se manifestaron en contra del ingreso de la Argentina al bloque; uno de ellos, incluso, propuso “disolver” el Mercosur y romper relaciones con China y Brasil, los dos principales socios comerciales de la Argentina. El proyecto que encarna Unión por la Patria, por su parte, no solo garantiza posicionar al país dentro del bloque que nuclea a las potencias emergentes más importantes del mundo que lideran el crecimiento de la economía mundial y, en conjunto, superan al G7 en población, territorio, PBI, reservas de recursos estratégicos; Unión por la Patria también encarna un proyecto de autonomía estratégica regional. No es casual el “mandato” que el presidente de Brasil, Lula Da Silva, transmitió a Sergio Massa, según trascendió en la prensa local: “tenés la responsabilidad de ganar, por la integridad del Mercosur”.

La humanidad está entrando en una nueva era, la de la cuarta revolución industrial (4T), una revolución tecnológica sin precedentes que requiere potenciar el talento argentino con más y no menos universidades, con más y no menos educación pública de calidad, con más y no menos inversión en ciencia y tecnología. Paréntesis dos: en la vereda opositora se ha señalado a la ciencia y la tecnología como uno de los focos del ajuste fiscal que proponen, incluyendo la eliminación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva, además del de Educación, y el cierre de una institución emblemática del sistema científico-tecnológico nacional, como es el CONICET. Durante la presidencia de Macri, por cierto, ya sufrimos la degradación de los ministerios y el desfinanciamiento del CONICET, sin que se observara la pretendida reducción del déficit fiscal y a la par que se duplicaba la inflación. Pero permítanme recordar, para seguir, algo que Sergio Massa ha afirmado, no solo en estos tiempos de campaña, sino sostenidamente a lo largo del tiempo[2]: “Creemos en el trabajo, la producción y la educación como pilares centrales para nuestro desarrollo” y enfoquémonos, ahora, en el tercero de estos pilares: la educación. Digamos que, mientras va tomando forma esta columna, el ministro acaba de anunciar el envío al Congreso Nacional de un proyecto de Ley de Financiamiento Educativo, que propone incrementar en 2 puntos del PBI -del 6 al 8 %- la inversión pública en educación con varios objetivos: continuar ampliando la cantidad de universidades en el país, desarrollar una oferta de “carreras cortas” orientadas a las nuevas tecnologías y con énfasis en la salida laboral de cara a la nueva era de la 4T y la industrialización del país, además de duplicar las escuelas técnicas, incorporar asignaturas como robótica y programación a la currícula de los dos últimos años de la escuela media, fortalecer los programas de formación docente en materia de nuevas tecnologías que, en la visión de Massa, ocupan un lugar central en un modelo educativo que deberá incorporar su buen uso en las aulas como parte del aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes (algo que efectivamente ya ocurre en los países más aventajados en la carrera por el dominio del conocimiento y el desarrollo tecnológico), y fortalecer el sistema público educativo en todos los niveles, desde el jardín maternal y el nivel inicial hasta la Universidad. El ministro también se refirió a la implementación de un sistema de incentivos que promueva el presentismo docente asegurando la mayor cantidad de días de clase, algo que también vinculó con la organización familiar (que requiere de la escolarización de los niños) y la igualdad de oportunidades para las mujeres en el mercado laboral. El principio de que “defender la calidad de lo público es central para defender lo público” aparece como fundamental en la visión del candidato, no solo en relación con la educación sino también con la salud, la seguridad, la justicia y, en general, como una concepción que abarca al conjunto de bienes y servicios públicos, y que se conjuga con una perspectiva de un Estado -y una aplicación de los recursos de los contribuyentes- más eficiente. Se trata, en definitiva, de una propuesta de más inversión pública orientada a edificar un modelo de educación del Siglo XXI que mira la revolución tecnológica como parte de la nueva realidad laboral en la que deberán insertarse las nuevas generaciones, y para la cual, como sociedad, debemos prepararlas. Es, además, una propuesta que  reconoce los déficit del sistema educativo actual y se propone corregirlos. No es menor porque los competidores electorales de Sergio Massa, de un lado, proponen abiertamente el arancelamiento educativo (cuando la experiencia internacional demuestra que los sistemas de “subsidio a la demanda” o “vouchers” terminan funcionando, en la práctica, como un mecanismo de arancelamiento encubierto, además de poner en riesgo la continuidad de las escuelas rurales y de las regiones más alejadas de los centros urbanos, de menor densidad poblacional y/o donde viven familias de más bajos recursos) y, del otro, ya han demostrado -cuando les tocó gobernar y en los distritos que todavía gobiernan- una bajísima valoración de la educación que no se condice con sus discursos pero que se refleja con nitidez en los recortes presupuestarios que se profundizan año a año. Imposible no recordar, en este punto, una consigna fuertemente inspiradora que guió a la militancia universitaria de mi generación: “Solo la educación nos hará libres”.

La transición energética es otra realidad inexorable de esta nueva época, que requiere visión y decisión, como ocurrió con la recuperación de YPF, la puesta en valor de Vaca Muerta y la construcción en tiempo récord del estratégico gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), entre un sinnúmero de obras de infraestructura para el desarrollo, gasoductos y oleoductos que están en marcha. Sin ir más lejos, además del GPNK, la obra de reversión del Gasoducto Norte, que reutilizará el tendido del Gasoducto que traía gas desde Bolivia, ahora permitirá llevar el gas de Vaca Muerta a las provincias de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, permitiendo no sólo alimentar a las industrias sino también garantizar el tendido de redes de gas natural en los hogares de esas siete provincias. La reversión del gasoducto, que tendrá un costo de USD 710 millones para el Estado nacional, generará 3.000 puestos de trabajo directos y 12.000 indirectos. Además de implicar un ahorro anual de USD 1.960 millones para el Estado, es una posible vía de exportaciones a Chile, Bolivia y Brasil e implica una baja de los costos de generación eléctrica y del gas natural para las industrias del norte argentino. El financiamiento de la obra se garantizó en su mayor parte con USD 540 millones de un crédito del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF). Paralelamente, YPF proyecta inaugurar en breve el oleoducto Vaca Muerta Norte, una obra de 150 kilómetros de extensión que atraviesa dieciséis áreas de producción de crudo, que permitirá incrementar las exportaciones a Chile y explorar la demanda de los mercados del Pacífico. El Oleoducto Vaca Muerta Norte -con una inversión de USD 250 millones-, con el nuevo ducto que tiene una capacidad de transporte de 25.000 metros cúbicos por día, equivalente a más de 155.000 barriles, se extenderá hasta la cabecera del Oleoducto Trasandino (OTASA), a la altura de la localidad neuquina de Puerto Hernández. Como la capacidad de transporte de Vaca Muerta Norte superará lo que pueda inyectar en OTASA, parte del crudo se enviará desde la misma cabecera de Puerto Hernández hacia la refinería de YPF en la localidad mendocina de Luján de Cuyo. La destilería de Luján de Cuyo es objeto desde hace dos años de una inversión de USD 800 millones para permitir incrementar la capacidad de tratamiento del tipo de crudo liviano que se produce en Vaca Muerta y modernizar los procesos para obtener un combustible más limpio y de mejor calidad. La vinculación a OTASA permitirá incrementar los volúmenes de exportación a Chile, donde abastecerá a las refinerías de Aconcagua y Biobío, de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). En la actualidad la Argentina exporta unos 40.000 barriles de petróleo diarios provenientes del no convencional neuquino. El ducto binacional, con una extensión de 427 kilómetros, tiene una capacidad de hasta 110.000 barriles diarios que se podrán alcanzar en 2024 cuando entre en operación la obra de Vaca Muerta Norte. En el futuro, como el total de la capacidad de OTASA excederá la demanda chilena, desde YPF se espera contar con el excedente disponible para comenzar la exploración de los mercados del Pacífico. Esta salida marítima se suma a la posibilidad que tendrá una eventual producción comercial del no convencional de Palermo Aike, que podrá salir hacia Oriente por los puertos santacruceños. Esta obra forma parte de las inversiones que lleva adelante la petrolera nacional, entre las que se destacan las operaciones de exploración que comenzarán en el no convencional santacruceño de Palermo Aike, la inminente exploración off shore en el bloque CAN100, o el oleoducto Vaca Muerta Sur que dará una nueva salida al crudo neuquino por el Atlántico. Los argentinos y las argentinas no podemos desconocer el valor estratégico de estas inversiones, y de otras como el proyecto conjunto entre YPF y la malaya Petronas para el emplazamiento de una planta de licuefacción para industrializar el gas en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, que supone una inversión total estimada de USD 50.000 millones. Tampoco podemos desconocer el riesgo que suponen -para nuestro desarrollo productivo y exportador, para la industria nacional y para el trabajo argentino- las plataformas electorales de la oposición que proponen desde la eliminación del ministerio de obras públicas y la paralización de la inversión estratégica del Estado, hasta la privatización de la totalidad de las empresas públicas -realidad amarga de consecuencias conocidas para quienes tenemos edad de recordar la tragedia económica de la década del 90-, o la idea de garantizar el pago de las leliqs en poder de los bancos con el paquete accionario de YPF, propiedad del Estado Nacional.

En la agenda de la transición energética, por lo demás, está en juego, entre otras cosas, el desarrollo de la electromovilidad, en la que Argentina -y la región- tiene un potencial para poner en valor, que se conjuga con el desarrollo minero no solo del litio, donde nuestro país es una de las tres patas del “Triángulo del Litio” junto con Chile y Bolivia, sino también del cobre. En el contexto de la fuerte demanda global esperada de minerales críticos para el desarrollo de las energías verdes y las tecnologías bajas en carbono, hay otra cuestión de fondo vinculada con el debate sobre la autonomía estratégica de los países de nuestra región y el aprovechamiento de las rentas de los recursos naturales para desarrollar procesos, tecnologías y manufacturas locales que utilicen las materias primas. Lula lo expresó con claridad en la cumbre del BRICS: “Nuestros recursos no deben ser explotados en beneficio de pocos, sino valorizados y puestos al servicio de todos, sobre todo del bienestar de las poblaciones locales”. Ese es el proyecto autónomo de América Latina, y esa autonomía está en disputa en el actual escenario geopolítico y, también, en los escenarios electorales locales. La publicación británica The Economist menciona, en un artículo donde analiza la cuestión, algunos hitos para ilustrar esta vocación soberana de desarrollo de los países latinoamericanos, con la Argentina en primer lugar en relación con “la primera planta de baterías de litio”, una iniciativa de YPF-Litio e Y-Tech, creadas a partir de la recuperación de YPF. De esto también habló Sergio Massa cuando eliminó las compensaciones de las que se beneficiaban las empresas litíferas que habían sido implementadas durante la década del 90 y que “hoy no tienen sentido”, porque “lo que hay que hacer es usar ese recurso para hacer la infraestructura para sacar el litio y agregar valor. Una cosa es exportar el litio crudo y otra cosa es exportar baterías de celular”.

Este mundo de transformaciones cada vez más vertiginosas, permite visualizar importantes oportunidades de desarrollo para la Argentina, pero también exige la inteligencia y la determinación para construir una posición de autonomía estratégica, para defender una agenda propia, sin subordinación a nada más que lo que dicte la planificación estratégica de un programa soberano de desarrollo nacional[3]. Por supuesto que recuperar esta plena soberanía sobre nuestro destino requiere, además, remover el cepo al desarrollo que nos dejó Mauricio Macri: la deuda con el FMI. En este sentido, también hay que resaltar que Sergio Massa ha sido enfático en su decisión de “sacar al FMI” de la Argentina para recuperar soberanía y, además, propuso legislar para que ese lastre no pueda volver a ensombrecer nuestro futuro, incorporando la exigencia de mayorías legislativas especiales como condición para poder endeudar nuevamente al país. Y hay que resaltarlo porque desde la oposición proponen, en sentido contrapuesto, contraer más deuda con el organismo, por un lado, y, por el otro, aplicar un programa de mayor ajuste fiscal y mayor devaluación que los exigidos por el organismo (ya sea con dolarización plena o “semi”, a la Melconian).

Lo que reseñamos hasta aquí, tanto en relación con el sector de petróleo y gas como con el minero, tiene un denominador común: “producción y trabajo”, dos de esos tres pilares de nuestro desarrollo antes citados, aunque hay algo más: inversión, pública y privada. En efecto, la inversión pública ha sido clave para sostener ciertos niveles de actividad y el empleo en los últimos meses, signados por la sequía histórica (que, además, quebró la incipiente tendencia a la desaceleración de la inflación). Pero hay otro eje, junto con la producción y el trabajo: la puesta en marcha de las condiciones para el desarrollo exportador de la Argentina. Prestemos atención, por ejemplo, a lo que señalaba Miguel Galuccio, desde el Council of the Americas: “hoy estamos exportando 130.000 barriles de crudo por día, pero Vaca Muerta puede llevarnos a exportar 500 o 600.000  barriles diarios”. Esto “significaría generar USD 20.000 millones por año”, un monto que “tiene un orden de magnitud equivalente al polo sojero”. Allí mismo, Galuccio recordó que “en 2012 nuestro país tenía un balance energético muy desfavorable que le costaba a la Argentina miles de millones de dólares en importación de energía, principalmente gas”. En ese sentido explicó que, a partir de la recuperación de YPF, “reparamos con conocimiento, técnica y eficiencia, problemas complejos. ¿Cómo lo hicimos? Se repatriaron talentos argentinos. Se trajo la tecnología necesaria. Se lograron consensos. Se obtuvo la licencia social” y destacó que “el momento es hoy. Para eso, requerimos de habilitadores fundamentales. Todos los conocemos: Vaca Muerta como política de estado”. De cara al futuro de la Argentina, el CEO de Vista habló de la posibilidad de convertirla “en una verdadera potencia energética mundial”. Sumemos al petróleo (cuarta reserva mundial de no convencional): el gas (segunda reserva mundial), la minería, el desarrollo industrial asociado a cada uno de estos sectores, por supuesto nuestro sector agroindustrial -potenciado por el desarrollo biotecnológico que también podría tener mayor impulso en el marco del ingreso al BRICS-, nuestra industria automotriz, la que denominamos “economía del conocimiento”… Las proyecciones señalan que nuestro país podría, entre la presidencia de Sergio Massa y la siguiente, duplicar el volumen de sus exportaciones. Se trata de una transformación estructural de enormes implicaciones. Es la misma que imaginábamos en 2015 y que se frustró con el cambio de ciclo político de entonces, y que ahora permitirá dar una respuesta genuina y duradera a la situación macroeconómica que afecta al país, empezando por la inflación, de raíz clara y predominantemente cambiaria. La inflación se va a resolver de la mano con una moneda fuerte y estable, a partir de un sector externo robustecido que también nos va a permitir sacar de la Argentina al otro factor inflacionario: el FMI, con sus imposiciones cambiarias inflacionarias, y la deuda. Por eso, es llamativo cómo las ofertas de la oposición no solo proponen destruir nuestras oportunidades de desarrollo y de futuro, recurriendo a recetas de política (económica y exterior) reiteradamente fracasadas en el pasado, sino que también se animan a proponer devaluación, destrucción de nuestra moneda y “un proceso doloroso porque implica (…) una inflación cercana a la híper“[4] o “una híper y un bonex (confiscación de depósitos)”.

Para cerrar esta columna, no puede dejar de señalarse el envío al Congreso del proyecto de ley para eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias (que involucra a jubilados y trabajadores en relación de dependencia), de modo que ese tributo ya no se aplique sobre el salario de ningún trabajador, simultáneamente con la decisión del ministro de economía sobre la inmediata elevación del piso mínimo ($ 1.770.000) a partir del cual, desde octubre, solo pagarán ganancias apenas el 0,9% de los trabajadores, los de más altos ingresos. Es importante apuntar que, en términos macroeconómicos, los trabajadores beneficiados por la medida representan un sector que, por su nivel de ingresos, pueden volcar ese mayor poder de compra no solo al consumo de alimentos y bienes básicos, sino también a la adquisición de bienes durables o la contratación de servicios provistos por otros trabajadores, lo que implica un fuerte efecto multiplicador desde el consumo hacia la actividad, del que pueden beneficiarse, por ejemplo, la industria nacional y la construcción. En el marco del anuncio de esta política de ingresos, Sergio Massa asumió un compromiso frente a los trabajadores que merece ser subrayado: “Mi presidencia va a estar marcada por la recuperación del salario y el ingreso en la Argentina”. No es una promesa de campaña. Es un compromiso que ya empezó a cumplir. Pero que, sobre todo, tiene fundamentos económicos sólidos, basados en una política de desarrollo productivo y exportador, en condiciones de desplegarse plenamente a partir del próximo año junto con un descenso sostenido de los niveles de inflación de nuestra economía, que nos ponga en línea con el resto de nuestros vecinos de la región.

Además, también hay que decirlo porque hay derechos que están en riesgo según surge de las propuestas opositoras: Sergio Massa, que rechazó de plano la propuesta de volver al esquema de AFJP de los años 90 desechado tras su fracaso hace dos décadas, va a sostener el sistema de seguridad social universal argentino, va a sostener las moratorias previsionales -como la que impulsó recientemente en contra de la opinión del FMI-, va a respetar los derechos adquiridos de aquellos argentinos que, siendo jubilados, por ser viudos, por ejemplo, también perciben una pensión, va a defender el derecho a la gratuidad de una canasta de medicamentos para nuestros adultos mayores, va a defender el derecho a una obra social y al cuidado de la salud de los jubilados; también va a defender el derecho de todos los argentinos a un sistema de salud pública, gratuita y -algo en lo que el ministro ha insistido enfáticamente señalando la necesidad de mejoras- de calidad; va a defender el derecho a circular garantizando, en base al aporte del Estado, el acceso al transporte público de pasajeros para todos los argentinos; va a defender el derecho de todos los argentinos de acceder a los servicios públicos de agua, saneamiento, gas y electricidad, también con el aporte del Estado, a precios razonables y justos.

Parece mentira, pero también es necesario agregar que Sergio Massa va sostener la política de derechos humanos respaldada por la doctrina internacional, por la que Argentina es reconocida mundialmente y que permitió juzgar y condenar los crímenes del terrorismo de Estado que sufrió nuestro país durante la última dictadura (1976-1983), y va a sostener el reclamo imprescriptible de legítima soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, Sandwich de Sur, Georgias del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, conforme manda nuestra Constitución Nacional y amparados en el derecho internacional que nos asiste, frente a la usurpación del Reino Unido de Gran Bretaña de parte de nuestro territorio nacional.

Bonus track: al cierre de esta columna hay otra serie de medidas inminentes, todas ellas tendientes a promover la mejora de los ingresos de distintos sectores (autónomos, monotributistas, jubilados) y un debate auspicioso sobre la reducción de la jornada laboral, la -como a veces la hemos llamado- “reforma laboral del Siglo XXI”, golpeando las puertas del Congreso Nacional, que aparece como la justa contracara de la revolución tecnológica que hace posible, mientras multiplica la productividad, trabajar menos para trabajar todos. Pero, además, trabajar menos para vivir mejor. Al fin de cuentas, de eso se trata.

El futuro llegó, argentinos y argentinas. No lo dejemos pasar. Unidos triunfaremos.

[1]    https://avionnegro.com.ar/contextos/carta-abierta-a-mis-compatriotas/

[2]    https://www.facebook.com/SergioMassaOK/videos/los-motores-del-crecimiento/437992424158368/

[3]    https://www.lapoliticaonline.com/internacionales/massa-descarta-un-acuerdo-mercosur-ue-y-acusa-a-europa-de-exportar-sus-problemas-al-mundo/

[4]    https://www.lanacion.com.ar/politica/las-propuestas-de-milei-secretos-puntos-clave-y-riesgos-del-plan-de-dolarizacion-a-la-que-dio-luz-nid20082023/