En los próximos días el Congreso de la Nación definirá el destino de la Ley Bases impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Esta ley contiene el instrumental y las herramientas necesarias con las que aspiran a implementar su programa económico. El Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), capitulo central de esta ley, establece las definiciones, los incentivos y los sectores que van a fijar tanto un modelo productivo como un patrón de acumulación.
Además de abordar los aspectos cruciales de este régimen, totalmente regresivo para pensar una estrategia de desarrollo nacional, es necesario dar cuenta de las implicancias de este horizonte en un marco de disputa global y el rol que tiene nuestro país dada nuestra condición periférica y subordinada.
El RIGI dispone incentivos por un periodo de 30 años, mediante políticas fiscales y aduaneras, para inversiones en los sectores minero, de hidrocarburos y agropecuario.
Centralmente establece:
- Beneficios impositivos: eximiciones en el impuesto a las ganancias y el IVA
- Beneficios Aduaneros: Exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos. Exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI.
- Beneficios cambiarios: Libre disponibilidad de divisas para exportaciones: – 20% el primer año, 40% el segundo año, 100% a partir del tercer año. Divisas para financiamiento local o externo sin restricciones
De esta iniciativa se desprenden dos debates: por un lado, si la Inversión Extranjera Directa juega un rol estratégico como motor del desarrollo nacional. Esta discusión no es nueva para el peronismo, y podemos resumirla en los contratos que firmó Perón con la Standard Oil en 1955, y en el acuerdo de YPF con Chevron para desarrollar Vaca Muerta durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado, cuáles son los términos de implementación de estos mecanismos para que ofrezcan algún beneficio concreto respecto al aparato productivo nacional.
La experiencia del crecimiento exponencial y tecnológico de países periféricos del sudeste asiático y China durante el proceso de globalización que se inicia a fines de los 70, es una muestra del rol que pueden jugar estos acuerdos en una estrategia de desarrollo nacional. Estos países periféricos fueron beneficiados con la internacionalización y deslocalización de la producción de las potencias centrales, nutriéndose de inversiones, transferencias tecnológicas y un fenomenal proceso de acumulación de capital. De hecho, la estrategia globalista financiera de EEUU se acoplaba perfectamente mientras estos países eran los “talleres del mundo”. Sin embargo, este equilibrio se quiebra, o más bien se acelera con la crisis económica del 2008, cuando China se propone abandonar este rol para convertirse en una potencia tecnológica y disputar la hegemonía de la 4º revolución industrial.
Dada nuestra condición subordinada y periférica, la principal domesticación es tener vedada la industrialización y ocupar lugares marginales en las cadenas globales de valor. O si se quiere, ocupar el eslabón donde no se genera valor ni tecnología. En esta posición la Inversión Extranjera Directa destinada a la producción (en nuestro país solo ingresan capitales financieros especulativos para hacer bicicleta) puede ser un motor para implementar una estrategia de desarrollo. Sin embargo, tal como está planteado, del RIGI nada bueno queda para la Argentina.
UNA POLÍTICA ANTI INDUSTRIA NACIONAL
Las condiciones de este régimen no prevén una estrategia de desarrollo de proveedores locales, no exigen pisos de contenido de industria nacional para el desarrollo de sus actividades, no exige condiciones prioritarias para el abastecimiento del mercado interno, no se crean mecanismos de transferencia de tecnología, y establece una pauta desigual para la PYME local. Mientras el RIGI libera los impuestos para importar bienes de capital, intermedios e insumos, el resto de las industrias pagan por estas mismas importaciones destinadas a la producción local el 15% del impuesto país. Según informes del CEPA y ADIMRA la pérdida de competitividad de la industria local oscilará entre el 22% y 36%.
Si a esto le sumamos la derogación de la Ley de Compre Nacional y el Programa de Desarrollo de Proveedores a través del DNU 70/2023, estamos consolidando un modelo donde no se promoverá encadenamiento productivo local ni se va a generar empleo asociado al apalancamiento de los recursos naturales.
EXTRACTIVISMO, PRIMARIZACIÓN Y SEGMENTACIÓN
Este proyecto consolidará un patrón de acumulación para empresas multinacionales y un perfil productivo asociado a la exportación de commodities y bienes primarios. Una Argentina segmentada: minería en el norte, alimentos en el centro, e hidrocarburos en el sur. Una economía de enclave sin estrategia de desarrollo para las PYMES de los grandes centros urbanos.
La revolución tecnológica actual es el trasfondo sobre el que se libra la lucha por el poder y la disputa geopolítica. En este marco, la tecnología y el hiperconsumo promueven una fenomenal contienda por los recursos naturales, y en esta carrera definimos ser meros socios atados a la demanda de las grandes potencias.
De aprobarse el RIGI bajo estas condiciones, desaprovecharemos una de las estrategias centrales que puede tener un país periférico y subordinado para desarrollarse. Peor aún: Considerando la casi inexistencia de cláusulas que permitan al Banco Central engrosar sus reservas a través de las inversiones promovidas, se prolongaría la agonía de la restricción externa y el endeudamiento crónico (principales causantes de la inflación), mientras asistimos a la paradoja satírica de usar el impulso estatal en contra de nosotros mismos.
