NO HAY ERRORES, NO HAY EXCESOS

La direccionalidad del gobierno nacional es clara. Basado en alianzas internacionales con los actores políticos y religiosos más belicistas de los países de la OTAN, Javier Milei lidera una marcha forzada para la construcción de un modelo económico y social basado en beneficios excepcionales para los grandes capitales, en particular los fondos financieros internacionales. Mientras tanto, da su batalla cultural y emplaza una serie de dispositivos destinados a instalar una gubernamentalidad economicista, neoliberal y autoritaria, sin evaluar costos institucionales y sociales.

LEY BASES, UN VIAJE DE IDA 

Está en marcha la construcción de un Estado autoritario subordinado al mercado y orientado por oligopolios nacionales y transnacionales. Las situaciones emergentes empiezan a operar como una nueva racionalidad de poder dominada por una biopolítica que, como alertó Foucault, se define por el dominio del “dejar morir” (en libertad), estableciendo nuevas correlaciones entre los mecanismos jurídico-legales, los mecanismos disciplinarios y los mecanismos de seguridad.

Al desregulacionismo fanático, que sólo desprotege más a los históricamente desprotegidos por el capitalismo argentino, se refuerza por un agresivo combate cultural contra los derechos sociales y ambientales, contra los derechos ancestrales de las comunidades indígenas del país y contra los nuevos derechos reconocidos por el Estado Argentino, como los nacidos del enfoque de género y las luchas del feminismo.

Algunos colectivos enfrentan actos simbólicos -como el cambio de nombre al Salón de las Mujeres del Bicentenario por el Salón de los Próceres- y acciones materiales, como el cierre de organismos estatales destinados a compensar las relaciones asimétricas y su impacto desigual en la vida de personas que históricamente –por desigualdades de género- han sido puestas en situación de mayor vulnerabilidad (mujeres, personas trans, personas intersex, personas gays, lesbianas y bisexuales, etc.)

El retorno a los mandatos y estereotipos de género decimonónicos que históricamente han afectado gravemente a las personas, sometiéndolas a situaciones de violencia que dificultan su autonomía y posibilidades de autodeterminación -especialmente en relación con sus cuerpos-, se instala de forma cada vez más grosera con discursos discriminatorios y prácticas autoritarias desde el más alto nivel de gobierno.

Todos estos aspectos, que han sido avances en democracia, tienden a ser conculcados por una serie de discursos institucionales y acciones cotidianas de gobierno. Y, si logran avanzar, serán consolidados por la arquitectura legal basada en la operatividad del Decreto N° 70/2023, “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, que más allá de que fuera rechazado en la Cámara de Senadores sigue vigente derogando o modificando más de un centenar de normas. Asimismo, el camino recorrido por la aprobación parcial del Proyecto de ley sobre “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” en la Cámara de Diputados, no deja dudas sobre la voluntad oficialista.

Es ingenuo asignarle al gobierno desidia o improvisaciones en su función; el especial cuidado para desfinanciar es quirúrgico e involucra de diversas formas a todas las jurisdicciones estatales, organismos descentralizados y desconcentrados, empresas públicas y servicios especializados controlados por el Estado.

Los resultados preliminares no dan lugar a interpretar errores en el manejo del poder; tampoco permiten caracterizar como excesos los discursos y las prácticas políticas. Concentrar la atención en ambas dimensiones deriva en errores de análisis que sólo contribuyen a debilitar y fragmentar a la oposición política ante el predominio de una voluntad de transformar de raíz la mayoría de los pactos transversales consolidados en 40 años de democracia, e inaugurar una nueva época configurada por un transhumanismo criollo y las dinámicas del capital internacionalizado, en desmedro del mercado interno y la capacidad distributiva del Estado.

El discurso sobre el equilibrio fiscal es a la economía lo que el ataque a la casta política fue a la campaña electoral; ambos constituyen una operación comunicacional diseñada para ocultar los verdaderos beneficiarios y los perdedores de las transformaciones que operan en el nivel de la estructura social y las dinámicas principales de la economía.

El debilitamiento del Estado no está dando lugar a un mercado transparente y virtuoso; al contrario, solo emergen antiguas tensiones y nuevas mafias que tienden a convertirse en verdaderos obstáculos para el desarrollo sustentable.

Antes de asumir ya se podía ver la traza de los grupos económicos que a través de este gobierno ejercen el poder de forma abierta, descarada, directa y brutal para garantizar mayor concentración económica mediante mecanismos de transferencia de riqueza inéditos en democracia, tanto por su aceleración como por su crueldad, en desmedro de los sectores de ingresos fijos, los trabajadores informales, los eslabones de capital nacional en las cadenas de valor, la ecología y el sector público.

No hay errores: el país enfrenta un formidable embate que lleva a la destrucción de su estatalidad y de sus bienes públicos estratégicos sin mediar una guerra o una catástrofe natural. Las consecuencias inmediatas y las que surgen de los análisis prospectivos son inéditas para el capitalismo moderno mundial, considerando países de desarrollo intermedio y complejo como lo es Argentina.

Lo excepcional no es el ajuste; lo que no tiene antecedentes es el abandono “voluntario” del interés nacional y la destrucción de los dispositivos estatales orientados a la soberanía y la equidad.

También lo es el cambio de sentido de organizaciones claves en el desarrollo nacional  que, sin modificar su estatus, empiezan a jugar roles diametralmente distintos de aquellos para los que fueron creadas; el caso más evidente es el de YPF SA, que sin cambios sustantivos en su normativa interna, ha tomado decisiones diametralmente opuestas a las indicadas por la Ley N° 26.741 por la cual se declaró de Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, se creó el Consejo Federal de Hidrocarburos y se declaró de Utilidad Pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A, en Mayo de 2012.

Toda la línea de acción de la actual conducción de YPF SA contradice esta ley y entierra la voluntad popular de lograr la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina, tal cual se sostiene en el Artículo 1°: “Declárase de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”.

Todo el andamiaje normativo orientado al ejercicio de la soberanía energética está siendo desmontado a partir de un giro dramático que subordina los recursos hidrocarburíferos al mercado internacional y al interés de otros países que operan de forma activa en la geopolítica de la energía. También se desandan todos los compromisos de desarrollo territorial y regional donde YPF SA se asentó históricamente, que hoy -en contraste con el fracking– se denominan yacimientos convencionales-maduros, que han sido incluidos en un plan acelerado de abandono de acuerdo a lo comunicado a la Bolsa de Valores el 1 de marzo de 2024, sin hacer una sola mención a los pasivos ambientales.

Esta abrupta decisión, que intentarán cumplir antes del segundo semestre de este año de acuerdo a esta comunicación, empieza a tener serias objeciones de gobiernos provinciales, municipales y diversos actores locales. Es necesario estar atentos a esto; si no se atiende más de 100 años de impactos en el ambiente y no se contribuye a la generación de alternativas productivas, su retirada sólo por razones de mejora de su valor accionario puede convertirse en un serio obstáculo al desarrollo sustentable de muchos territorios, así como de las dinámicas nacionales de inversiones futuras que no sean solo parte de un modelo extractivista o financiero.

Si esta estrategia no es revisada, incluso en asociación con estos territorios, podría abrir el camino para modelos de enclave para la explotación del resto de los recursos naturales estratégicos del país. Nadie objeta la decisión de valorizar la empresa, pero esto no puede ser en desmedro del interés soberano y el desarrollo regional, basado en una triple contabilidad: económica, social y ambiental.

Los gobernadores, empresarios de servicios y sindicatos que sostenían que esto podía ser una visión parcial de un CEO que no reconoce el valor histórico de estar sentado en el sillón de Mosconi, susceptible de ser corregido con algunos diálogos entre ellos y el gobierno nacional, deberían descartar esta hipótesis; en las comisiones del Congreso donde se trata estos días la Ley Bases, el Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, señaló que “en petróleo y gas pasaremos de un esquema que prioriza el autoabastecimiento y la soberanía energética a un esquema de mercado exportador en materia de gas sin dejar de atender el mercado interno¨.

El ordenamiento de un área estratégica como la energía y los hidrocarburos bajo un  nuevo paradigma que coloca en un segundo plano al mercado interno y el desarrollo del país, privilegiando el negocio exportador, es consistente con el capítulo de ese mismo proyecto de ley que trata el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), sobre el que empresarios y trabajadores alertan que si se aprobara traería entre sus consecuencias el quiebre de muchas empresas destinadas al mercado interno, en particular las asociadas a las cadenas de valor internacionales, con una alta destrucción “federal” del empleo.

VICTORIA COMPLETA Y NEOCOLONIALIDAD

La secuencia de actos internacionales de conversión religiosa de Javier Milei ya no se puede ver sólo como una decisión espiritual y personalísima del ámbito de lo privado. Al menos no mientras el operativo “Victoria Completa” de las fuerzas armadas israelíes, destinado a ocupar militarmente territorios palestinos, siga activo y sus estrategias deliberadas de aceleración y ampliación del conflicto armado persistan, como quedó en evidencia luego del ataque de la embajada de la República de Irán en Damasco.

Mientras Javier Milei, basado en una afinidad religiosa, declara su alineamiento belicista al actual gobierno del Estado de Israel, crecen en el mundo occidental las condenas a crímenes de guerra que ya no se pueden ocultar, tanto que han merecido cargos de genocidio en la Corte Internacional de Justicia y que la comunidad democrática y progresista internacional sigue con atención.

Todo esto quedaría en el ámbito del grotesco si solo se redujera a esos comentarios en los que el presidente identifica a su hermana con Moisés y a él con Aarón (hermano mayor del profeta); pero las formas que va adoptando la guerra vuelven al escenario muy peligroso mientras que sus fines y derivaciones se tornan crecientemente contrarios al interés nacional.

Retomar firmes posiciones por la paz y una clara definición internacional basada en el multipolarismo es, cada vez de modo más urgente, una responsabilidad general del sistema político y una indelegable competencia del congreso nacional y del poder judicial argentino.

La ineficacia de los cuerpos diplomáticos profesionales se hace evidente al no informar claramente sobre la tendencia de este creciente activismo internacional de la mano de los sectores más belicistas de los países de la OTAN, que empezó con demostraciones de compromiso con los dos vectores geopolíticos más calientes, arrastrando al país a las zonas de guerra. Algunas de esas demostraciones se pueden ver sintetizadas en la inusual ruptura del protocolo cuando, el día de su asunción, Milei le entregó a Volodimir Zelensky una Januquiá semanas después de visitar en Nueva York el ‘El Ohel’, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson -conocido como “el rebe de Lubavitch”-, para agradecerle haber llegado a la Presidencia.

Si bien existen cada vez más análisis sobre el notable crecimiento de la ortodoxia judía en el país, es probable que -por la tradición laica y secular del análisis político nacional- haya todavía una baja comprensión de su creciente protagonismo en la política argentina, sus vínculos en la élite de poder y sus proyecciones internacionales. Probablemente el caso Nisman siga siendo aún el caso más emblemático para dar luz a estas nuevas situaciones; sin embargo, los análisis se adentraron más en las internas judiciales que en las interrelaciones políticas y empresariales efectivamente operantes en el poder argentino, tanto político como judicial y de inteligencia.

Lo cierto es que estas vertientes ortodoxas, militaristas y belicistas, han venido creciendo en detrimento de otras formas de expresión y organización institucional del judaísmo argentino, que no tiene un peso menor: actualmente debe ser la tercera comunidad de peso internacional.

El retorno de lo religioso en el campo judaico argentino, con un creciente dominio en la disputa de sentidos por parte de la ortodoxia que, en el caso de Jabad-Lubavitch, guía la conversión de Javier Milei, debe muchas veces responder al estigma de quienes lo asimilan a sectas fundamentalistas tanto por su severidad interpretativa de lo sagrado, como por los métodos de reclutamiento de fieles y exigencias de pertenencia, incluido un activismo particular de conversiones en personajes de poder.

No suele ser sencillo analizar lo religioso con relación a lo político, pero todo indica que será necesario profundizar este tema de forma cada vez más descarnada en el análisis político actual del país, tal como en el siglo XX fue necesario hacerlo sobre fundamentalismo católico, en particular luego del golpe militar de 1955 y, más recientemente, de la dictadura militar de 1976.

Este camino de análisis, en el que se no puede dejar de prestar atención al despliegue internacional del Primer Ministro Israelí, Benjamín Netanyahu, en la elaboración de la respuesta militar a Irán, que en la noche del 13 al 14 de abril de 2024 lanzó centenares de drones y misiles contra Israel, exige mirar también otras zonas del mundo y las formas emergentes que se vienen dando en el posicionamiento geopolítico.

En tal sentido, desde el punto de vista del interés nacional, no puede dejar de analizarse como estos alineamientos que inauguró Javier Milei, enmascarados inicialmente en afinidades religiosas, se tocan con otras estrategias internacionales, como las del Reino Unido en su nuevo activismo neocolonial luego del Brexit y la crisis del consenso de Washington.

EN CAÍDA LIBRE, LA LIBERTAD AVANZA

El anticipo del modelo económico no es el más auspicioso; los mensajes emitidos desde el más alto nivel, las políticas públicas efectivamente existentes y sus resultados inmediatos desde diciembre de 2023 están provocando un cambio drástico en las tendencias económicas post pandemia.

Los datos que se originan en el último informe de Cuentas Nacionales (INDEC), indican que en febrero de 2024 el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída de -3,2% en la comparación interanual (ia), y de 0,2% respecto a enero en la medición desestacionalizada (s.e.). Con relación a igual mes de 2023, siete sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en febrero, entre los que se destacan Pesca (+31,6% ia) y Explotación de minas y canteras (+11,7% ia). Este último sector fue, a su vez, el de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguido por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+5,5% ia). Por su parte, ocho sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Construcción (-19,1% ia) e Intermediación financiera (-12,1% ia). Junto con Industria manufacturera (-8,4% ia) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-5,5% ia) aportan 3,1 puntos porcentuales a la caída interanual del EMAE.

Como puede observarse todo sugiere una aceleración de la reprimarización de la economía tomando en cuenta no solo las actividades con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE en febrero de 2024 (Explotación de minas y canteras y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura), sino también en contraposición con las ramas de actividad con mayor incidencia negativa (Industria manufacturera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones).

Los anticipos realizados por especialistas sobre estos mismos indicadores, que serán publicados en la tercera semana de Mayo por INDEC, señalan una aceleración de este proceso donde solo mantendrían sus resultados positivos Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+10,5%) y ” (+ 3,8%), mientras que -según estas mismas proyecciones- entre los sectores con mayores caídas anuales de marzo se destacarían Construcción (-24%),  Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-13,5%) e “Industria manufacturera” (-12,8%).

El propio Banco Central ha difundido la versión “optimista” de su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), donde esperan una fuerte retracción de -3,5% en el PBI -mayor al que esperaban en febrero- indicando que el escenario va a prolongarse al segundo semestre. El resto de las variables acompaña la caída: según el último informe de consumo de CAME, las ventas minoristas pymes descendieron – 7,3% anual en abril, a precios constantes, y acumulan una caída de -18,4% en el primer cuatrimestre del año; la inversión continúa en caída desde el -11,3% interanual en enero en la importación de bienes de capital; el empleo sigue retrocediendo; y la recaudación de la seguridad social bajó -25,7% interanual en enero, de acuerdo a datos del Ministerio de Economía, anticipando una caída brusca del empleo para este semestre.

SIN PACTO DE MAYO

Cada uno de estos indicadores, considerando la lógica del gobierno, parecen más el resultado previsible de una serie de decisiones deliberadas que una serie de consecuencias inevitables y sorpresivas de la economía y el mercado.

En este contexto no es fácil disentir con quienes sostienen que este escenario tiene un carácter extorsivo hacia la sociedad para facilitar la instalación de un sentido común sobre las intenciones privatizadoras, los despidos del Estado y especialmente sobre las bondades de las excepciones contenidas en el Régimen para las Grandes Inversiones (RIGI) que, más allá de los detalles, sustrae estas inversiones de los controles constitucionales y federales, creando un “per-saltum” violatorio de toda condición soberana, delegando las funciones judiciales en organismos internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que opera bajo la responsabilidad del Banco Mundial, con sede en Washington.

Mientras que los analistas -que no ven lejos la posibilidad de una recesión- coinciden con la percepción creciente de la sociedad sobre una disminución de su calidad de vida y en algunos casos rupturas definitivas sobre sus expectativas de movilidad social, sorprende seguir viendo políticos profesionales de la oposición participar de los marcos de interpretación del oficialismo, como ocurrió en los discursos de la Cámara de Diputados de la Nación con el tratamiento de la Ley Bases, donde más de 140 de ellos votaron en general este marco normativo con apenas unos retoques sutiles en su articulado, que no alteran la marcha sustantiva del gobierno en el diseño de un Estado autoritario neoliberal, con consecuencias graves sobre el federalismo, obstáculos crecientes para el desarrollo sustentable en casi todas las regiones del país y de difícil reversión de las tendencias hacia la injusticia social.