CRISIS Y DEPENDENCIA DEL ESTADO ARGENTINO

1.

Las crisis recurrentes que arrecian de manera cíclica sobre nuestro país, no tienen causa en aspectos atávicos a nuestra nacionalidad, o en características étnicas nativas o en motivos culturales innatos, como se machaca desde las grandes usinas mediáticas. Existe una causa principal, aunque disimulada: la dependencia económica, al colocar las fuerzas sociales al servicio del interés de los grandes poderes financieros internacionales, deja una estela de decadencia pronunciada en todos los aspectos de la vida social, tanto en la economía, la política como en la cultura. El sometimiento por la deuda externa, la fuga de capitales y el control del Fondo Monetario Internacional, son de los principales hechos concretos que explican el funcionamiento real de la economía argentina.

La tragedia es doble. La humanitaria ante la crisis social que afecta la vida de millones de argentinos, y la nacional, ante la renuncia a defender el interés del país con subordinación a la voracidad imperialista, lo cual, además, nada bueno nos puede deparar en medio de un proceso de reordenamiento global, en el cual Estados Unidos recurre a todas las vías posibles para no perder su hegemonía.

2.

En la actualidad, este esquema de crisis y dependencia se impone mediante una concepción del rol del estado y límites a sus facultades que, paradójicamente, se justifica en nombre de su propia deserción. El DNU 70/23 y la Ley Bases fijan reglas que —aun cuando merezcan ser tachadas de inconstitucional—, regulan aspectos de vital importancia, como las relaciones de trabajo a favor de las patronales, las reglas del procedimiento administrativo en desmedro del poder estatal, la supresión de la estabilidad en el empleo público que justifica el vaciamiento de áreas y de sus políticas, la entrega del patrimonio estatal y una serie de privatizaciones previstas. El ajuste fiscal, que es uno de los más grandes de las últimas décadas, implica la degradación del servicio público y la cancelación de funciones. También, se dispone un régimen de inversiones extranjeras que, a la inversa del legislado en 1974, por el cual se prohibía el ingreso del capital extranjero a áreas consideradas estratégicas, ahora se favorece su puesta a disposición de los gigantescos grupos financieros globales, como el caso de los recursos naturales.

Todo esto se justifica con consignas a favor de la libertad individual, la propiedad privada y la seguridad, la desregulación de los mercados, la llegada de capital extranjero, y en abierta crítica a la intervención del estado. Pero, bien visto, estamos ante la misma diatriba liberal oligárquica de siempre, que se repite en la historia del país y vuelve otra vez a enredarnos, aunque ahora, sin perder su superficialidad, con un lenguaje soez y brutal, como en otras épocas fue la de la revolución libertadora o la liberación de las fuerzas productivas, de las dictaduras en 1955 y 1976 respectivamente.

En nombre de eliminar la intervención y el control del estado, en verdad, se establece un rol del estado frente a las relaciones de producción y distribución de bienes y servicios, que promueve y protege escenarios favorables a los intereses de las elites y del capital concentrado. La realidad prima por sobre cualquier juego de palabras o teorías importadas. La consigna de desregular es falsa en cuanto oculta ese rol del estado, cuya finalidad es favorecer determinados intereses en las áreas específicas de intervención, que implica una dirección estatal de la sociedad en beneficio de los más poderosos y en contra del interés de las mayorías populares. Nada nuevo en la historia política del país, salvo, tal vez, las formas discursivas con las que se presentan las mismas políticas de antaño, ahora bajo otros ropajes y fuegos artificiales con las que pretenden desorientar y confundir.

3.

El debate acerca del rol del estado está desde el origen mismo de las luchas emancipadoras a principios del S.XIX, cuyo eje es la disyuntiva de crear un orden social para satisfacer las necesidades de todo el pueblo, o un orden de privilegio de las minorías dominantes. En lo jurídico, se manifestó principalmente, bajo la forma de librecambio o proteccionismo, siendo que ha sido la primera opción la que ha prevalecido en la configuración conservadora de nuestro país. Mientras, la segunda, apareció con fuerza en las ocasiones en que tuvieron lugar políticas a favor de las mayorías populares. Las clases dominantes propusieron siempre un rol estatal pasivo y pretendido ausente en la economía, pero activo para reprimir a las protestas sindicales, populares y sociales. Estas ideas son tan fuertes que nociones como libre comercio, exterior e interior, libre cambio, propiedad privada, inversión de capital extranjero, son presentadas como sinónimos de progreso.

El estado, como expresión del interés común a toda la población, es la condición para la realización de ese proyecto colectivo que es la sociedad (que Perón denominaba, significativamente, la comunidad organizada).  Actualmente, la expresa renuncia del estado de sus funciones esenciales, además de la crisis social, pone en riesgo la integridad del país y la posibilidad de un proyecto real y sustentable de nación.

Sería inútil intentar transpolar circunstancia de otro tiempo, pero conocer la manera en que en el pasado nuestro país dio respuestas propias y adecuadas a las necesidades colectivas del momento, en procura del interés común, es alentar a la misma búsqueda y actitud en el presente. Más cuando, esas necesidades, al menos en sus grandes trazos generales, tienen continuidad.

La reforma constitucional de 1949 ofrece algunas de estas líneas que delinean las funciones esenciales del estado que, en la actualidad, se están suprimiendo. Entre ellas, el bien común, la función social de la propiedad, del capital y de toda actividad económica, la nacionalización de las áreas estratégicas como el comercio exterior, los servicios financieros, los servicios públicos y las fuentes naturales de energía. La regulación de cláusulas anti monopolio y anti usura; el principio general de poner el capital al servicio de la economía nacional, con el objeto del bienestar social, y el de la organización de la riqueza y su explotación, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social.

En el Informe de la Comisión Redactora, a la Asamblea Constituyente, Arturo Sampay, el jurista que inspiró la reforma decía que, “Frente al capitalismo moderno ya no se plantea la disyuntiva entre economía libre o economía dirigida, sino que el interrogante versa sobre quién dirigirá la economía y hacia qué fin. Porque economía libre, en lo interno y en lo exterior, significa fundamentalmente una economía dirigida por los ´cartels´ capitalistas, vale decir, encubre la dominación de una plutocracia que, por eso mismo, coloca en gran parte el poder político al servicio de la economía (…) Sobre la base de la libre actividad económica de los particulares está el Estado, como promotor del bien de la colectividad, interviene para orientar la economía conforme a un plan general de beneficios comunes”.

En relación a la finalidad de la economía política, decía que era el de “alcanzar el bien de todos, que asegura el máximo de libertad al conjunto del pueblo, y para derogar la libertad de explotación, la libertad de los poderosos que siempre traba la libertad de los débiles”.

Desde este punto de vista, la idea de libertad no es la de sálvese quien pueda, ni la del más poderoso para someter a los más débiles, sino aquella que sólo puede ejercerse en el marco de una sociedad que sea verdadera e íntegramente libre, en especial, frente a las grandes amenazas que representan los poderes financieros internacionales.

Juan Perón, ante esa misma asamblea (27/01/1949), le dio un sentido concreto al concepto de libertad previsto en la constitución escrita en 1853, que en la actualidad tanto se invoca para justificar el desmembramiento estatal: “¿Podían imaginarse los Convencionales del ‘53 que la igualdad garantizada por la Constitución llevaría a la creación de entes poderosos, con medios superiores a los propios del Estado? ¿Creyeron que estas organizaciones internacionales del oro se enfrentarían con el Estado y se negarían a sojuzgarlo y a extraer las riquezas del país?” “Hoy no es posible pensar organizarse sin el pueblo, ni organizar un Estado de minorías para entregar a unos pocos privilegiados la administración de la libertad. Esto quiere decir que de la democracia liberal hemos pasado a la democracia social.”

En otro tiempo histórico, en la apertura de sesiones legislativas de mayo de 1974, Perón, quien ejercía la presidencia de la nación por tercera vez, expuso los lineamientos de un proyecto nacional, cuyo camino no pudo ser retomado por el país, tras el brutal quiebre de la dictadura. Asuntos que aún tienen notable vigencia, como la necesidad de “la consolidación de los procesos fundamentales que nos conducen a la Liberación Nacional y Social (…) para alcanzar en paz el desarrollo propio y la integración latinoamericana, únicas metas para evitar que el año 2000 nos encuentre sometidos a cualquier imperialismo” y que sean “los trabajadores, como grupo social, quienes definan cuál es la sociedad a la cual aspiran, de la misma manera que los demás grupos políticos y sociales.”

Todas estas ideas dialogan con el presente, cuestionando la diatriba superficial del liberalismo oligárquico actual, que llega a calificar de benefactor social a la acumulación de rentas desmedidas y el abuso de posición dominante. No hay individuos que se realicen sin la realización integral del pueblo, y no hay justicia sin un orden socialmente justo, guiado por la regla de donde hay una necesidad surge un derecho. Después de todo, si el derecho no es para satisfacer necesidades, ¿para qué sirve? Cuando se dice que la justicia social es una aberración, no es solo una consigna, sino también una manera de agitar el fin de lo mejor y más profundo de nuestra cultura jurídica propia. Ni siquiera es conforme a la Constitución de 1853, que nos legó un preámbulo que, como veía Perón, manda promover el bienestar general y no las desigualdades.

4.

En resumen, aquí apenas mencionamos algunos principios generales acerca de una concepción del estado, que merecen ser considerados para la construcción de una solución adecuada a las necesidades sociales y colectivas. El presente de crisis y dependencia no es el único escenario posible, tal como los sectores dominantes pretenden hacernos creer. La cultura política argentina, de raíz nacional, tiene antecedentes en su propia historia, para inspirarse para ofrecer soluciones socialmente justas y soberanas.