ENTRE LA LOCURA Y LA ILEGALIDAD

Todos nos sonreímos con algunas conductas, gestos, y palabras del investido con la banda presidencial en 2023; y nos sonreímos a sabiendas de que fue un acto de rebeldía popular apoyar a un sujeto mediático, sin pertenencia partidaria, que se autopercibe anarquista y capitalista, sin poder definir con sus actos estas posiciones más que usando el símbolo de la motosierra frente a oficinas públicas; sumado, a la condición de docente universitario, que le da un respaldo académico que conforme nuestros patrones culturales le otorga un plus de respeto; aunque no podamos definir la aplicabilidad de sus ideas a nuestra realidad plagadas de una abstracción evidente, surgidas en tiempos históricos distintos, lo que solo nos puede robar una sonrisa cuando nos recuerda gestas de políticos y próceres de principio del siglo pasado, con la evidente conciencia subyacente de que todo tiempo pasado fue mejor… lo que es evidentemente falso. Siempre el mejor tiempo es el presente, todo lo pasado se transmite bajo el prisma de otros y pulido por el paso del tiempo, donde se dulcifican escenas de muerte y humillación vividas por algunos de los que perdieron las batallas que se relatan como si solo se pudiera ganar.

El pasado histórico solo nos debe instruir para no repetir errores, por eso no puede ser analizado desde una sola óptica ni mirada subjetiva, por esto ha sido muy fácil venderle a un joven versiones sesgadas de historia para inclinar su voluntad, desde la influencia en la conformación de su carácter por las experiencias que se le transmiten a través de los medios tecnológicos, herramientas maravillosas para quienes cuentan con pensamiento crítico, formado por años de estudio, operaciones y construcciones lógicas, hábitos en virtudes que se cultivan desde la primera infancia como el respeto, la solidaridad, el amor como motor y fin trascendente de la persona; pero nefastos, para quien consume desde el desconocimiento distinta información —con cuadros comparativos, estadísticas, y todo estimulo visual que pueda llevar a la convicción de la verdad de lo que se afirma— empujando al abismo del individualismo extremo a los ciudadanos, cada vez más alienados, quienes a pesar de vivir en conglomerados de cientos de personas dejan de ver en el otro a alguien de su interés. El otro es un costo, y alguien lo paga, ese alguien no tengo que ser yo: es el resumen de lo que estamos construyendo como sociedad en estos meses, viviendo en una crisis evidente de los valores que son los pilares de nuestra democracia.

La solidaridad, la justicia social, y la paz. Las tres están siendo dilapidadas tuit a tuit con la excusa de que ser solidario tiene un costo que afecta el déficit o el futuro de los jóvenes.

Esta situación de crisis se vio con énfasis en relación al sistema previsional que se planteó hace semanas, ya vivimos esto cuando intentamos pasar al sistema de capitalización sin éxito, porque las finanzas y la solidaridad no se llevan bien. Los negocios financieros con el patrimonio de un adulto mayor no son compatibles, porque no existe posibilidad de pérdida respecto de las necesidades básicas de una persona, por eso fracasa todo intento de suprimir el sistema de solidaridad y reparto. Es un tema que válidamente debe discutirse en cumplimiento del Tratado internacional del adulto mayor, con la mirada puesta en el adulto mayor, y no en el déficit actual, para el que deben formularse políticas y estrategias económicas. No es una opción que, ante la pérdida financiera de lo acumulado por una persona en su mayor edad, se la suprima, y que el estado no la asista, no es un número que se tacha, se trata del principal sujeto de derechos, actor, y fin último de toda medida de gobierno: la persona. El joven va a ser viejo, y ante el fracaso de un negocio financiero con sus reservas para la mayor edad, va a necesitar de la asistencia del otro, no es cierto que obligarnos a tener esta discusión sea contrario al futuro de los jóvenes ciudadanos, todo lo contrario, es planificar hacia el futuro a sabiendas de que las limitaciones de la capacidad productiva o su anulación por cualquier hecho o acto externo, o propio del cuerpo físico que se deteriora, va a requerir de la solidaridad del sistema. Es falaz afirmar que todos vamos a ser millonarios, la pobreza es además un patrón de conducta que se transmite de generación en generación, es la suma de oportunidades y hábitos, y lo que algunos llaman pobreza es la riqueza absoluta para otros a quienes les brinda la libertad. El problema surge cuando esa persona necesita ayuda, sin esta visión de la dignidad de la persona como fin último de toda gestión de gobierno, todo lo que se haga culminará en caos.

Esta “graciosa” locura que roba una sonrisa cuando solo se revela en una foto o video, es ilegalidad manifiesta cuando se autoproclama anarquista, no intervencionista, y sin embargo propone intervenir en la libertad de expresión, o en la autodeterminación reproductiva de las personas de género femenino solamente, porque debe quedar claro en éste punto que no existe un derecho al aborto sino un derecho a la autodeterminación reproductiva que implica elegir cómo y cuándo reproducirse, y ahí es donde entra en conflicto el momento en que el embarazo se transforma en un ser autosustentable y puede llamarse persona, discusión en la que no dudan ni les molesta, cuando se pretende hablar del negocio de embriones o gestaciones subrogadas, donde se concibe a la persona como objeto comercial, pero sí cuando alguna mujer decide libremente no reproducirse. La persona de cualquier edad está fuera del comercio, así como sus órganos, su intimidad, y su pensamiento. No podemos dudar. No podemos flexibilizar este concepto.

Y nuevamente nos sorprende cuando acompañado por los líderes políticos de la reforma constitucional de 1994, que se dio en pleno menemismo, y que introdujo los tratados de derechos humanos con rango constitucional superior a la ley, se plantea la no intervención para evitar tomar medidas que aseguren el cumplimiento del mandato que como estado aceptamos para luchar contra el hambre, y la explicación para esa decisión, se resuelve en un concepto absurdo de “déficit cero”, que seguramente es el sueño de cualquier administrador de la cosa pública; pero, que es de imposible realización si implica perder una sola vida.

“Artículo 11. 1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 2. Los Estados Parte en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: a. mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; b. asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), Nueva York, Estados Unidos de América, el 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. – Constitución Argentina art. 75 inciso 22.- EN PLENA VIGENCIA. El Congreso tiene el deber de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia, conforme al inciso 23 del art. 75 citado.

Los legisladores nacionales no deben dudar en cumplir su deber, ni permitir el ejercicio discrecional y arbitrario de facultades que no son absolutas, conforme al sistema de control de los art. 78, 80, 81 y 83 entre el legislativo y el ejecutivo en el proceso de sanción de las leyes según la Constitución nacional. El art. 68 prohíbe expresamente cuestionar las manifestaciones de un miembro del Congreso, estableciendo que ninguno de los miembros del mismo puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Vemos todos los días agravios que nuevamente roban una sonrisa en la absurda convicción de que todo está permitido, y que la libertad, es esto. Un grupo decide qué es la libertad, y todos los demás son el enemigo… un absurdo.

La Rioja, cuna del menemismo tan admirado por esta confusa posición nacional, hoy planta bandera con su constitución provincial, no es posible desandar cuarenta años de democracia y convivencia pacífica. No es posible desconocer los errores de éstos cuarenta años; pero tampoco es posible claudicar en la defensa de los derechos humanos, no solo por convicción sino porque es un deber que asumimos como nación hace treinta años cuando decidimos introducirlos en nuestro texto constitucional. En éste punto surge claramente cómo, cuando hablamos de derechos a los que indebidamente se llaman “nuevos” como el acceso al agua, energía, conectividad e internet (art. 11.1 Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales -PIESC), la renta básica universal ( art. 11.2 P.I.E.S.C.), que se suman a trabajo ( art. 6,7,8, Y 9 P.I.E.S.C.), salud (art.12 PIESC), educación (art. 13 y 14 PIESC) y justicia ( art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos) no estamos más que ejecutando las acciones positivas impuestas a los estados, y que cuando desde la nación se desconocen éstos deberes alegremente, invocando una exigencia de déficit cero cueste lo que cueste, le pese a quien le pese, festejando despidos, recortes, restricciones sin medir el impacto de las medidas, estamos pasando de la locura a la ilegalidad absoluta. Deja de ser un posicionamiento ideológico para ser un acto ilegal. Lo que parecía evidente empieza a diluirse en información confusa y malintencionada.

Entiéndase bien, no se trata de poner en duda la salud mental de una persona, atento a que todo padecimiento físico o mental que no afecte la idoneidad para el cargo resulta ajena al interés público, precisamente en cumplimiento de los tratados internacionales y pacto de derechos civiles y políticos que aseguran el acceso a todos sin distinción a cargos políticos y de gobierno; sino que se trata de no permitir la modificación de la escala de valores, y fines que como nación plasmamos en nuestra Constitución, de controlar la legalidad de los actos de gobierno que hoy se trasladaron a una red social de propiedad de una empresa privada, en la que en paralelo al Boletín Oficial y violando toda norma del derecho administrativo se toman decisiones infundadas, que carecen de la formalidad constitucional de ser refrendadas por el ministro del área quien se ve compelido a dar malabares mediáticos para solucionar estos exabruptos, y se notifican al público en general, trasladando la atención de las vías legales hacia una plataforma de una empresa privada carente de todo valor legal. La transparencia y la rendición de cuentas no son suplidas por mensajes diarios infundados o likes a determinado sector, la buena institucionalidad es parte de la calidad democrática a la que debemos aspirar.

Es importante reflexionar con la Constitución en la mano, sin agravios, con información certera, planificando a largo plazo, mirar las sesiones del Congreso transmitidas en vivo nos permite vislumbrar a algunos hombres y mujeres que no han perdido el rumbo; pero que, expuestos al escarnio constante, terminan consumidos por la necesidad de brindar un buen show y no de custodiar nuestra democracia. Hay que retomar el rumbo, no se puede bailar al son de un tuit, no se debe permitir que se traslade la consulta popular a estos espacios de anonimatos, bloqueos, reportes y escraches. Somos una gran nación. No nos olvidemos de eso.