Ecuador, pequeño país del oeste suramericano, atraviesa momentos turbulentos. La sanción del Decreto N°126 por parte del presidente Daniel Noboa desató una ola de manifestaciones que tuvieron una feroz represión como respuesta del gobierno. La violencia se convirtió en el mecanismo más recurrente de enfrentar los conflictos.
En este texto se indagarán algunas de las causas que han llevado a Ecuador a convertirse en un territorio donde la violencia está a la orden del día, para luego centrarnos en lo que está ocurriendo actualmente con las manifestaciones y las respuestas del gobierno de Daniel Noboa.
Una crisis de varios años
El presidente actual de Ecuador, Daniel Noboa, es fruto de la descomposición política que comenzó con el mandato de Lenin Moreno en 2017. Él, al poco tiempo de asumir la presidencia dejó de lado las propuestas del partido de la Revolución Ciudadana y se enemistó con el ex presidente Rafael Correa (de quien había sido vicepresidente). Como plantea Soledad Stoessel, en un artículo publicado en Jacobin[1], la relevante presencia estatal que se había consolidado durante los mandatos correístas comenzó a desmantelarse con Moreno. En su mandato las élites económicas volvieron a tomar las riendas de las decisiones políticas del país. Estas características fueron profundizadas luego del año 2021, cuando el banquero Guillermo Lasso resultó electo presidente.
La presidencia de Lasso estuvo marcada por el aumento de la violencia, los amotinamientos y masacres en varias cárceles del país, la expansión de la frontera extractiva en la Amazonía ecuatoriana y la consolidación de la actividad del narcotráfico. En estos años, Ecuador pasó de ser un territorio de tránsito de droga a convertirse en un nodo de distribución, un eslabón clave en la cadena de suministro de cocaína a Estados Unidos y Europa. Los Choneros y Los Lobos son los dos grupos ligados al narcotráfico más importantes del país, quienes se disputan el control territorial de las rutas del tráfico de drogas. También con Lasso se acentuaron los acercamientos con Estados Unidos[2], mediante la articulación en la “lucha contra el narcotráfico”.
Todo este contexto, sumado a una marcada pérdida de apoyo en su gestión y a un conjunto de denuncias en su contra, llevaron a Guillermo Lasso a decretar la “muerte cruzada” en mayo de 2023, un mecanismo previsto en la Constitución del país que cierra el Congreso y también establece el llamado a nuevas elecciones presidenciales.
En esa campaña irrumpió la figura de Daniel Noboa en la primera línea de la política nacional. Por entonces de 35 años, el hijo de Álvaro Noboa (uno de los empresarios más ricos del país) se ganó un lugar en la segunda vuelta electoral a partir de una campaña de corte moderada. Se ubicó por fuera de la discusión “correísmo-anticorreísmo” que tenían otros candidatos y proponía una “modernización” de las actividades económicas. Un hecho fundamental de la campaña fue el asesinato de Fernando Villavicencio, quien era candidato presidencial y le dispararon a la salida de un acto de campaña. Este acontecimiento aumentó el clima de violencia política, que venía en aumento con otros asesinatos de dirigentes sociales y políticos. El discurso de Noboa, que tenía un peso fuerte en la problemática de la seguridad, caló hondo en la sociedad ecuatoriana y le terminó dando la victoria en la segunda vuelta frente a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González.
El estilo de Noboa como presidente se asemeja bastante al del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Un presidente joven, con un manejo muy trabajado de las redes sociales y con la mirada puesta en la seguridad como tema central de su política estatal.
Desde fines de 2024 comenzó un régimen de excepción permanente, medida que le permite al gobierno tomar decisiones extraordinarias frente a situaciones graves como conflictos armados o conmoción interna. Así, Noboa generó una fuerte alianza con las Fuerzas Armadas, para reprimir cualquier tipo de protesta social y criminalizar a quienes se movilicen contra las políticas gubernamentales. No casualmente esta determinación se dio en un contexto de crisis energética muy grande, con manifestaciones nacionales de parte de movimientos indígenas, sindicales y estudiantiles. Con el argumento de la lucha contra la violencia de los grupos delictivos se dio rienda suelta a la confrontación contra otros sectores que reclamaban frente a las políticas neoliberales de Noboa. El decreto del “conflicto armado interno” permitió a las Fuerzas Armadas el involucramiento en temas de seguridad interna, militarizando la vida cotidiana de la población.
El aumento de la violencia no se ha detenido en los últimos años. Solamente entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2025, Ecuador registró 4619 homicidios intencionales, lo que representa un aumento de casi el cincuenta por ciento con respecto al mismo período del año pasado, según datos del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado[1].
En 2025 se realizaron elecciones nacionales que le dieron un nuevo mandato a Noboa, derrotando nuevamente a Luisa González (quien hasta el momento no reconoce el resultado y denuncia fraude por parte del gobierno).
El Decreto de la discordia
A comienzos de septiembre el presidente Daniel Noboa publicó el Decreto N°126, que reformaba el “Reglamento Codificado de Regulación de Precios de Derivados de Hidrocarburos”. Mediante esta medida, el precio del combustible sobre de 1.80 a 2.80 dólares por galón del diésel premium automotriz, desde el 13 de septiembre hasta el 11 de diciembre de este año. Luego de esa fecha se activará un mecanismo técnico que irá determinando los valores de manera mensual y automática, según el comportamiento del mercado internacional. Este mecanismo calculará el precio del combustible en base a tres variables: el precio internacional de referencia (basado en el mercado del Golfo de Estados Unidos), los costos de importación (vinculado al transporte, la infraestructura local y los respectivos seguros) y el margen de abastecedora (indicadores financieros internacionales). Se establecen límites para la variabilidad de los precios, con una suba máxima de 5% y una baja mínima de 10%.
Es decir, se desregula el valor del combustible, en un país que exporta petróleo y fue miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP (hasta su abandono de la misma en el 2020), cuánto pagarán los ecuatorianos estará determinado según los movimientos del mercado internacional. Esto generó la respuesta de varios sectores de la sociedad ecuatoriana, principalmente de los pueblos indígenas, que son los que más han sufrido en las últimas décadas la expansión de las fronteras extractivas sobre los territorios que habitan.
Esta medida, en un contexto marcado por el aumento de la violencia y el malestar social en amplios sectores sociales de Ecuador, no hizo otra cosa más que echarle más leña al fuego, aumentando la conflictividad social.
Paro Nacional de un mes
Como respuesta al Decreto 126, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocó a un Paro Nacional por tiempo indeterminado, desde el lunes 22 de septiembre. Los reclamos que se articularon detrás del Paro Nacional tenían que ver con la derogación del ya mencionado Decreto, pero también con la demanda de un presupuesto real para salud y educación, la reducción del IVA (del 15% al 12%), la libertad de los detenidos en el marco de las movilizaciones, el respeto al derecho a la protesta y organización y el fin de la expansión de la explotación minera y petrolera.
La CONAIE es el órgano que aglutina y representa a dieciocho pueblos indígenas y quince nacionalidades que viven dentro del territorio ecuatoriano. Fundamentalmente desde la década de 1990 se convirtió en un actor central dentro de la política del país, protagonizando algunas de las protestas más fuertes de este período. Si bien tuvieron diferentes focos de conflictos durante los mandatos de Rafael Correa (principalmente por sus posiciones encontradas con respecto al avance de proyectos extractivistas en el país), ya bajo el gobierno de Moreno sus manifestaciones se volvieron más contundentes.
En 2019, en el contexto del Paro Nacional contra las políticas económicas del presidente de aquel entonces, miembros de la CONAIE tomaron el centro de la ciudad de Quito. Esto forzó a Moreno y a todo su gabinete a trasladar la sede del gobierno momentáneamente a la ciudad de Guayaquil.
En 2022 también tuvieron lugar grandes protestas indígenas por un proyecto del gobierno de Lasso para aumentar el precio de los combustibles, que se sumó al reclamo por otras reivindicaciones. En ese momento acusaron al presidente de haber militarizado zonas mineras y romper toda instancia de diálogo y no cumplir con el derecho a la consulta previa, libre e informada (establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo).
Como se mencionó previamente, el Paro Nacional se determinó desde el 22 de septiembre de este año, enfrentando al Decreto N°126 del presidente Daniel Noboa. La reacción inmediata del gobierno fue aprovechar el estrecho vínculo con las Fuerzas Armadas y dar rienda suelta a la represión de toda manifestación social.
Durante estas represiones militares fueron asesinadas tres personas. Primero Efraín Fuerez, comunero kichwa de Otavalo, al norte del país, quien fue alcanzado por una bala del ejército cuando abrieron fuego frente a los manifestantes que se encontraban al costado de la ruta el 28 de septiembre. Las imágenes difundidas por las cámaras de seguridad del lugar mostraron cómo los militares patearon el cuerpo de Fuerez cuando se encontraba en el piso (una muestra de su brutalidad). Por otro lado, Rosa Elena Paqui, del pueblo Saraguro, y José Guamán, comunero de Otavalo, fueron asesinados el 14 y el 15 de octubre respectivamente en diferentes operativos represivos de las Fuerzas Armadas.
El miércoles 22 de octubre la CONAIE, mediante un mensaje de su presidente Marlon Vargas, determinó el cese temporal del pago, ante la amenaza del gobierno de Noboa de profundizar todavía más la represión. Según diferentes organismos de Derechos Humanos, las respuestas oficiales dejaron como saldo tres fallecidos, 296 heridos, 205 detenidos y 15 desaparecidos hasta el momento.
Ampliando la mirada
El gobierno de Daniel Noboa se muestra, a nivel suramericano, como uno de los principales aliados del gobierno de Donald Trump en la región. Este detalle no es menor, cuando el presidente estadounidense está mostrando un mayor interés en América Latina, si se compara con su anterior administración.
En los últimos meses se han visto movimientos militares en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, apoyados en la retórica de combate contra el narcotráfico y aumento de la seguridad en América Latina. La reedición de la bicentenaria Doctrina Monroe, que afirmaba “América para los americanos”, se manifiesta en esta ocasión con más fuerza, acentuando la mirada de la región como el “patio trasero” norteamericano.
Siguiendo esta línea, a comienzos de año Noboa anunció una alianza con Erick Prince. Él es un ex integrante de las fuerzas especiales de operaciones especiales de la Marina de Estados Unidos, y fundador de la empresa de seguridad Blackwater, para enfrentar al crimen organizado.
Otro tema que se encuentra en el centro de las discusiones dentro del país es el Referéndum convocado para el 16 de noviembre. Luego de varias idas y vueltas judiciales, finalmente la Corte Constitucional dictó favorablemente la convocatoria de Noboa para instalar una Asamblea Constituyente.
En dicha fecha se harán tres preguntas claves para el futuro del país, y probablemente de la suerte que corra el poder concentrado en la figura del joven presidente. La pregunta central de la consulta propuesta por Noboa es:
“¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una Nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?”
Además, se complementará esta cuestión con otras dos preguntas. La primera tiene como objetivo cambiar el Artículo 5 de la actual Constitución, que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio nacional ecuatoriano. Esta es una de las propuestas que ha desplegado Noboa desde hace más de un año, como estrategia para el combate contra el crimen organizado y la violencia en el país. Pero lo que muestra es la búsqueda de estrechar aún más los lazos con Estados Unidos, proponiendo reabrir la base de Manta, localidad costera donde funcionó una base operaba por el ejército norteamericano hasta su cierre en el año 2009 durante el primer mandato de Rafael Correa.
La segunda pregunta trata sobre el cambio en el Artículo 110, que establece la obligación del Estado para entregar recursos económicos a partidos y movimientos políticos. Con esto, el gobierno busca que los partidos se financien por aportes de afiliados, militantes y simpatizantes.
Para cerrar
Mediante todo lo expresado en este texto, queda en evidencia que la situación en Ecuador es por demás compleja. Si bien el Paro Nacional de la CONAIE se cortó momentáneamente, nada parece indicar que se busquen instancias de diálogo entre las partes para buscar puntos en común y calmar las aguas de un país que se encuentra inmerso en un aumento generalizado de la violencia, profundizado por la militarización de la vida cotidiana de la población y la persecución y hostigamiento hacia los sectores que protestan frente a esta situación.
De seguir por este camino, Ecuador parece encaminarse a ser un país dominado por las actividades criminales, con sus disputas en el territorio para sus negocios particulares. Además, con un Estado enfocado en el uso de la fuerza para garantizar su poder y cercenar las movilizaciones populares, y dispuesto a ceder su soberanía para mantenerse cercano al gobierno estadounidense, mediante las propuestas de Noboa para reformular artículos de la Constitución Nacional.
El poder que ha acumulado en estos años de gobierno Noboa empieza a tener fuertes cuestionamientos sociales, fundamentalmente desde la CONAIE. Será cuestión de ver en el futuro las posibilidades de articular diferentes luchas para buscar otro modelo de organización política, económica y social en Ecuador.
