Por Luci Cavallero*
Este 8 de marzo de 2023 nuevamente las organizaciones sociales, sindicales y feministas marchamos reivindicando que “La deuda es con nosotras y nosotres”. Así, el feminismo popular de nuestro país ha tomado la confrontación contra la deuda externa como una agenda prioritaria. La relación entre estos términos —feminismo y deuda— no es evidente y ha implicado un trabajo político para volverla central bajo nuevos términos. ¿Por qué el repudio de la deuda es una demanda fundamental? ¿Cómo afecta la deuda a los derechos de mujeres, lesbianas, travestis y trans? ¿Qué tipo de trabajo político y conceptual implica este proceso?
Hablar de deuda tanto pública como privada en Argentina lleva inexorablemente a remontarse a la dictadura militar-cívico-eclesial-empresarial iniciada en el año 1976. Ese proceso marca un punto de inflexión en la historia nacional en términos del despliegue de un proceso de persecución, desaparición y exterminio de militantes políticxs en paralelo a la promoción desde el Estado de la expansión del sector financiero. Las organizaciones sindicales fueron el blanco predilecto de un proceso de represión que contó con la complicidad e incluso la coresponsabilidad de empresas del sector económico concentrado. De esta manera, deuda y violencia quedarán entrelazados en nuestra historia nacional.
Es durante este período que se le recortan al Banco Central facultades para direccionar el crédito, e liberalizan las tasas de interés y el mercado cambiario. También se eliminan los controles al movimiento de entrada y salida de capitales del sistema financiero, consolidando por primera vez en la historia un esquema totalmente orientado a la especulación financiera, lo que Eduardo Basualdo llama “modelo de valorización financiera”. Es decir, una forma de organización social en la cual el Estado es un facilitador de la especulación de corto plazo y de la fuga de capitales de las grandes empresas. Durante la dictadura, la deuda externa creció un 364% pasando de 9.700 millones de dólares en 1976 a 45.100 millones de dólares en 1983.
El genocidio de la dictadura militar-cívico-eclesial-empresarial tuvo como objetivo la destrucción masiva de relaciones sociales orientadas a la articulación del tejido social y político. El proyecto simultáneo a esa destrucción fue su financiarización. En ese sentido, la dictadura apuntó a reconfigurar no solo la arquitectura jurídica del Estado en favor del capital concentrado y el sector financiero, sino también conductas cotidianas de amplios sectores de la población: desde dolarizar el precio de las viviendas hasta orientar el crédito hacia el consumo.
En términos de cambios institucionales, la modificación de la Ley de Entidades Financieras (Ley N 21.526) en 1977 constituye una de las reformas más relevantes y una de las herencias que arrastramos hasta el día de hoy y que ha sobrevivido los 40 años de democracia. Esta ley promovió la concentración bancaria y la consolidación de los bancos como única forma de intermediación financiera
La dictadura fue el proyecto del capital financiero por excelencia, ató nuestras vidas a la deuda en un doble sentido: por quedar atadxs durante generaciones al pago de una deuda externa que aún no ha sido cuestionada en su legalidad, pero también por disponer una arquitectura institucional y jurídica que nos endeuda para vivir y para consumir lo que el Estado no provee y las corporaciones concentran.
Juntos por el Endeudamiento
Durante el gobierno de Mauricio Macri se produjo un proceso de endeudamiento incluso más rápido que la dictadura militar. Este proceso significó en 2018 la vuelta del FMI. Desde ese momento comenzó a implementarse un ajuste en términos de caída del poder adquisitivo de salarios y subsidios; la eliminación de ministerios estratégicos; el aumento del trabajo precario especialmente de mujeres, lesbianas, travestis y trans; la reforma previsional; la dolarización de los bienes y servicios básicos, como los alimentos que quedaron atados al dólar.
En la investigación desarrollada en el libro Una lectura feminista de la deuda (Tinta Limón-FRL 2019), analizamos cómo esa deuda externa se tradujo en endeudamiento acelerado de los hogares que, por primera vez en la historia, se masificó y se destinó a sostener la vida. Así, se produjo un cambio en la relación ingreso-deuda de los hogares porque ésta empieza a completar los ingresos para vivir. El caso más elocuente es el endeudamiento vía AUH (Asignación Universal por Hijx) que se ofreció en esos años, no casualmente a las mujeres. Por eso hablamos de feminización del endeudamiento.
La deuda implica una sujeción en la vida cotidiana, afectando la capacidad de planificar el futuro, ya que compromete el tiempo por venir. Además, notamos una relación específica con los trabajos de cuidado porque quienes más se endeudan son las mujeres que hacen más trabajo reproductivo no remunerado y están en peores condiciones económicas. Esto, como lo investigamos en un trabajo posterior, se incrementó en pandemia (Ver: La casa como laboratorio, Tinta Limón 2021). Hablar de la vida cotidiana reestructurada por la deuda es justamente pensar qué implica endeudarse para vivir, volverlo una pregunta política y buscar cómo se relaciona todo eso con los procesos de ajuste que implica el endeudamiento externo.
Los paros feministas del 8 de marzo han sido fundamentales para este proceso de politización de la deuda. Por un lado, porque nos han permitido visibilizar el trabajo no pago y porque, al reclamarse el reconocimiento del trabajo no pago, se invierte también la carga de la deuda. La deuda es del Estado, los patrones y los patriarcas por haberse beneficiado de todo el trabajo históricamente obligado y gratuito. Y porque también nos ha permitido preguntarnos: ¿Cómo se hace huelga a las finanzas y contra las finanzas? Esto nos permite también preguntarnos de qué están hechas nuestras deudas y quiénes reclaman tener derecho sobre nuestras existencias.
En 2017, desde el colectivo Ni una menos impulsamos una acción en la puerta del Banco Central. Fue la primera vez que desplegamos la bandera de “Vivas, libres y desendeudadas” para señalizar al banco como un lugar de protesta y con esa consigna tratamos de conectar la deuda como una guerra contra la posibilidad de vivir vidas sin violencias, como una guerra contra nuestras autonomías. En 2019 cuestionamos junto a las feministas sindicalistas que la deuda externa implicaba también un recorte de las moratorias previsionales y logramos su prórroga.
Durante el gobierno de Alberto Fernandez, a pesar de que había sido una de las banderas de muchxs de los colectivos y grupos que militamos para derrotar a Macri, no se investigó la legalidad de la deuda, que está cuestionada tanto a nivel local como por haber violando los estatutos del propio FMI, ni se impulsó una acción diplomática de relevancia para, por ejemplo, asociarnos con otros países deudores.
Frente a la extorsión del FMI, más organización feminista
Una de las condicionalidades del último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, firmado por el hoy ex ministro Martín Guzmán y refrendado por el Congreso de la Nación, es la realización de revisiones trimestrales de la economía argentina. Eso consiste en que el FMI revisa cada tres meses las variables más importantes de la economía y decide si va a realizar los desembolsos correspondientes para pagar la deuda que se tomó durante el gobierno de Macri.
En su última revisión trimestral, el 13 de marzo, el FMI dijo que el gobierno debe tomar medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación “imprevista” de la moratoria previsional. Las organizaciones feministas que venimos coordinando y trabajando en una agenda pública concreta hablamos de una agenda totalmente condicionada por el acuerdo que afecta de manera diferencial a las mujeres, lesbianas, travestis y trans, y al pueblo que vive de su trabajo. Desde estas organizaciones interpretamos que esa revisión del Fondo Monetario es un chantaje, una extorsión que impone un cogobierno sobre cada medida del presupuesto nacional.
El movimiento feminista puso en escena las deudas históricas que el Estado y las corporaciones financieras tienen con los colectivos de mujeres, lesbianas, travestis y trans: las verdaderas acreedoras por hacer trabajos reproductivos y comunitarios fundamentales para la reproducción social que no son pagos ni reconocidos.
Este es un aporte concreto para discutir los 40 años de democracia, capaz de reponer la historia y la politicidad de la deuda, en tanto forma de gobierno de nuestras vidas. Cada 8 de marzo reivindicamos la historia de luchas por su rechazo, impugnación y desobediencia.
*Doctora en Ciencias Sociales, investiga sobre deuda y género. También, militante lesbiana feminista del colectivo Ni una Menos y Asesora del Ministerio de las Mujeres, políticas de género y diversidad sexual de la Provincia de Buenos Aires.
