Primero lo primero
Podemos convenir que la justicia es un valor. De lo que hablamos cuando hablamos vulgarmente de justicia es del Poder Judicial. Hombres y mujeres de carne y hueso que en su gran mayoría integran un poder público que se jacta de ser un poder contramayoritario. Además, podemos agregar que tienen un cargo vitalicio salvo mal desempeño; no acostumbran rendir cuentas; no tienen la obligación de acreditar idoneidad técnica ni aptitud física para continuar ejerciendo la magistratura; en su gran mayoría no pagan el impuesto a las ganancias; gozan de jubilaciones de privilegio; y, por último, según la mayoría de las encuestas cualitativas, gozan de la peor imagen en el concepto de la ciudadanía argentina. Bueno, este poder público es el que tiene una estrecha vinculación con el Consejo de la Magistratura, que es lo que nos convoca.
El Consejo de la Magistratura es un organismo político con raigambre constitucional. Se incorporó en ocasión de la reforma constitucional de 1994, en una saga de reformas institucionales acordadas entre el peronismo de entonces y el radicalismo alfonsinista.
Se compone actualmente de cuatro abogados de la matricula federal, cuatro diputados, cuatro senadores, un representante del poder ejecutivo, dos académicos, un miembro de la Corte Suprema y cuatro jueces.
Tiene tres funciones principales: Seleccionar a los jueces y juezas nacionales, remover a los mismos por causales de mal desempeño y, muy importante, administrar los recursos del poder judicial*.
Con las elecciones realizadas el 18 de octubre, casi todos los “estamentos” enviaron a sus representantes, restando hacer lo propio la Cámara de Diputados y Senadores.
Hasta acá las funciones.
¿Para qué votamos?
El pasado 18 de octubre, los abogados y abogadas de la matrícula federal elegimos a nuestros representantes para integrar el Consejo de la Magistratura. Están habilitados para votar algo así como 160 mil abogados y abogadas de todo el país, pero votan algo unos 35 mil, el 30 % del padrón. El voto es voluntario y los padrones más voluminosos son los de CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba.
Se presentaron tres listas. La número 1, encabezada por Fernanda Vázquez. La 2, por Héctor Recalde. Por último, la lista número 3 estaba encabezada por Miguel Piedecasas.
Una breve semblanza de cada uno de las cabezas de lista. Fernanda Vázquez es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Muy cercana a Diego Molea, rector de dicha casa de estudios.
Héctor Recalde es un prestigioso abogado laboralista, de trabajadores y de organizaciones sindicales, ex consejero de la magistratura y ex diputado nacional, entre otras cosas.
Miguel Piedecasas es un abogado cercano a la UCR y ex integrante del Consejo de la Magistratura.
El hito
En razón de lo narrado, los guarismos del 18 de octubre nos dejan una primera lectura insoslayable. El peronismo, con un enorme trabajo territorial y federal, consiguió, por primera vez desde que se practican estas elecciones, ingresar una representación de la abogacía al Consejo de la Magistratura.
En segundo lugar, la integración del Consejo. Con estos resultados, el bloque de Cambiemos pierde un consejero (contaba con tres), el peronismo ingresa un consejero (no tenía ninguno) y Molea retiene a la consejera Vázquez.
Los desafíos
Hasta acá el diagnostico. Los desafíos del nuevo Consejo de la Magistratura pasan por algunos de los siguientes tópicos.
Vacantes. Según registros en poder de ACIJ a junio de 2022, del total de 988 cargos de jueces y juezas, hay 236 vacantes que se desagregan de la siguiente forma: 155 se encuentran en la jurisdicción del Consejo de la Magistratura, 51 en el Poder Ejecutivo y 27 en el Senado.
Es imperioso acelerar los concursos, para evitar subrogancias dilatadas en el tiempo, lo que redunda en un peor servicio de justicia.
Funcionamiento federal. El Consejo de la Magistratura tiene, como todos los organismos públicos, su sede en CABA. De modo que, de convocarse un concurso para cubrir una vacante en Jujuy, el aspirante debe dirigirse a la CABA.
Es menester que el Consejo sesione por regiones. De esta manera se federaliza el mecanismo de selección y se facilita el acceso y la participación de los candidatos.
Géneros y diversidades. Es fundamental romper el techo de cristal en los cargos judiciales. Según el Mapa de Género de la Justicia Argentina 2021, relevamiento realizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 31% de las máximas autoridades de la Justicia argentina son mujeres. En todo el sistema judicial representan el 57%**.
En esta materia hay que promover acciones afirmativas para romper la desigualdad en el acceso a los cargos.
Participación de los abogados de la matrícula. El Poder Judicial es esencialmente endogámico. La caracterización recurrente y acertada de este como “familia judicial” es enteramente atinada. La gran mayoría de los cargos judiciales son cubiertos por funcionarios judiciales. Los abogados y las abogadas de la matricula tienen serias dificultades para el acceso a la judicatura.
Es necesario revisar y repensar las calificaciones y el orden de mérito, la capacitación, la equiparación de la antigüedad judicial con el ejercicio de la matrícula y la participación de los abogados en la Escuela Judicial, órgano clave en el Consejo de la Magistratura.
Inclusive, pensar la posibilidad de que uno de los tres miembros de la terna que elige el Consejo sea un o una abogada de la matrícula.
Los recursos y la inversión tecnológica. Mientras la Corte Suprema tiene un plazo fijo de más de 30 mil millones de pesos denominado “fondo anticíclico”, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación enfrenta una causa judicial por administración fraudulenta, todo junto a una infraestructura obsoleta. Ante tal panorama se impone la necesidad de transferir todas las competencias y recursos al Consejo de la Magistratura, conforme lo establece el art. 114 de la Constitución Nacional.
Por otra parte, impulsar una fuerte inversión en todos los tribunales federales del país, en materia edilicia y tecnológica.
Compromiso con la Constitución y con el Estado de Derecho. El Consejo de la Magistratura y el Poder Judicial se vio sensiblemente vulnerado por el gobierno de Macri, durante el periodo 2016-2019. Es vital que el Consejo tenga un rol preponderante en la defensa del Estado de Derecho y se constituya como un órgano rector en la materia.
Lo que viene
Esta composición se da en un contexto de emergencia, dado el fallo de la CSJN que declaró inconstitucional la ley de 13 miembros y repuso la ley 24.937, que fue derogada.
Se espera que el Congreso sancione una nueva ley para que, entre otras cosas, el Presidente de la Corte de Justicia no lo sea, a su vez, del organismo que debe velar por el comportamiento de los magistrados. No se puede estar de ambos lados del mostrador. En este sentido, el Senado ya dio media sanción para el nuevo cuerpo legal. Falta que se expida la Cámara de Diputados.
SERÁ JUSTICIA.
