En estos días, donde está a flor de piel el debate sobre el peronismo -y al interior suyo- y la lealtad que, qué duda cabe, es con la Patria y con el Pueblo, algunos aspectos de la realidad económica nacional deberían tener centralidad para pensar el presente pero, sobre todo, el futuro. Veamos.
LA (MALA) SUERTE DE LOS SALARIOS
De acuerdo con los datos oficiales, los salarios reales de los trabajadores registrados (privados y públicos) mostraron aumentos en julio, en torno al 2,2% en el caso de los privados y de 2,6% en el de los del sector público.
En el caso de los trabajadores formales del sector privado, el registro de julio representa el cuarto mes consecutivo con mejoras reales de los salarios, mientras los asalariados del sector público vienen bastante más atrás en el proceso de recuperación. También se observaron mejoras reales en el caso de los trabajadores asalariados del sector informal o no registrado.
Con estos números, la suba del salario real promedio de la economía en julio fue del 3,3% respecto al mes previo y configura un sendero de cuatro meses consecutivos de mejoras.
Cuando se observa el sendero de los salarios nominales del sector privado formal (considerada la variable relevante para inferir la dinámica de los costos laborales y las posibles derivaciones distributivas) puede observarse, como se dijo, un aumento por encima de la inflación en los últimos cuatro meses.
En esta fase (a partir de abril), el gobierno redujo el ritmo de aumento de los precios regulados que, luego de la devaluación de diciembre del año pasado, fueron (y siguen siendo) el factor relevante que obstaculiza la recuperación salarial. Así, desde abril, el gobierno viene “administrando” los aumentos de precios regulados, intercalando meses con ajustes muy severos y otros con aumentos algo más suaves.
La mejora muy parcial de los salarios reales tiene varias contrapartidas importantes. En primer lugar las brechas intrasalariales que hace tiempo no son una novedad en la Argentina pero que habían comenzado a profundizarse desde 2023, se hicieron mayores en 2024, alcanzando su máximo en mayo.
Y aún existe un segundo aspecto tanto o más importante. El comportamiento de los salarios, según los datos del INDEC, en los últimos meses no deja de provocar perplejidad en la mayoría de las personas y familias que deben -cuando pueden- hacer malabares para llegar a fin de mes. En pocas palabras, la información de que los salarios reales (especialmente en el sector privado registrado) estarían subiendo no parece ser compatible con la experiencia observable de millones de personas. Incluso no parece compatible con el enorme salto en los niveles de pobreza e indigencia.
¿Entonces? El punto es que las familias no viven de la tasa de variación de su salario, sino del nivel real de su poder adquisitivo en cada momento. Y, pese a las mejoras parciales observadas en los últimos meses, ese nivel se sitúa hoy en márgenes extremadamente bajos. En una perspectiva de más largo plazo, el salario real del sector privado registrado (que es el grupo de trabajadores que registró aumentos en los últimos meses) correspondiente a julio de 2024 es 27% inferior al máximo alcanzado en noviembre de 2015 y se acerca a los niveles vigentes de la salida de la crisis de 2001/2002.
En el “piso” alcanzado en marzo de este año, la caída respecto de noviembre de 2015 llegó al 33%. En otros términos, el nivel de los salarios de los trabajadores argentinos es tan bajo que pequeñas variaciones en el margen no pueden ser percibidas por las familias. Además, mientras estamos analizando la desafortunada performance de los trabajadores privados formales (el sector mejor posicionado en términos de ingresos), huelgan las palabras para calificar la de los otros grupos de asalariados…
POBREZA E INDIGENCIA
En este contexto, la comparación regional puede ser útil para percibir mejor la magnitud de la catástrofe ocurrida con los ingresos populares. Como se puede observar en el gráfico a continuación, en los años previos el salario real en Argentina ya mostraba una trayectoria pobre respecto de los otros países de la región. Pero, en 2024 esa dinámica empeoró más drásticamente.
Por ejemplo, entre 2018 y 2023, el salario real promedio en Argentina disminuyó un 13,6%. Pero en lo que va de 2024 cayó 12,7%, casi lo mismo que en los cinco años previos.
A su vez, si se observa la dinámica de los salarios nominales medida en poder de compra relativo a la canasta básica se comprende con mayor claridad cómo estas mejoras en el margen son compatibles con niveles récord de pobreza. Así, medido en términos de la canasta básica, el salario de los trabajadores no registrados había perdido 67% de su valor real en abril de este año con respecto a diciembre de 2016. Esto permite explicar mejor el inédito salto en las tasas de pobreza e indigencia, un resultado innegable de la actual política económica.
Una vez más, una perspectiva de largo plazo permite apreciar mejor el cambio estructural en la tasa de pobreza[1]: en el lapso 2003-2015 la tasa de pobreza se redujo en 31 puntos porcentuales, en la etapa 2015-2019 aumentó 7,2 pp, en la fase 2019-2023 se incrementó unos 5,5 pp adicionales y en 2024[2] saltó unos 12 puntos porcentuales ¡en apenas un semestre!
Esta radiografía se completa con los datos del mercado laboral. En el primer trimestre, la desocupación abierta fue del 7,7% (dos puntos porcentuales adicionales respecto al cierre de 2023 y 0,8 puntos en comparación con el mismo trimestre del año anterior); y de 7,6% en el segundo, una desmejora interanual de 1,2 puntos, lo que indica que hay 1.625.000 desocupados en todo país, representando un aumento de 336 mil personas en la comparación interanual, al tiempo que el empleo registrado perdió 60,4 mil puestos.
CEPO, DEUDA Y RESERVAS
En este contexto, el gobierno intentó obturar la dinámica de las paritarias para forzarlas a converger con la inflación presente y con el crawling del tipo de cambio, aunque no está claro si podrá conseguir su objetivo. En la medida en que los salarios reales continúen subiendo, aunque sea en el margen, eso tendrá implicaciones por el lado de la demanda y de la actividad, pero también profundizará el conflicto distributivo.
Si el gobierno cede ante el reclamo cada vez más persistente de salir del cepo cambiario y eliminar los controles, el nuevo salto en la inflación tendría consecuencias sociales y económicas difíciles de predecir en términos de sostenibilidad política, más aún cuando el consenso mayoritario de los encuestadores muestra un quiebre en el apoyo al oficialismo.
Existe una idea generalizada, aunque bastante confusa, de que el “cepo” cambiario “ahoga” las posibilidades de crecimiento. Si bien es cierto que el control de cambios dificulta la desdolarización del sector privado residente o el ingreso de capitales externos (bajo la forma de IED por ejemplo), muchos analistas parecen olvidar las razones por las cuales se instauraron los controles de cambio en gobiernos de signo opuesto. Pero el problema, especialmente desde fines de 2019, es que el nivel de riesgo país y la escasez extrema de reservas del BCRA alimentan la posibilidad no solo de una gran devaluación si se libera al mercado de los controles, sino más peligrosamente de una pérdida de control de la dinámica cambiaria por parte del gobierno.
Si bien el BCRA mejoró en el margen el nivel de su stock de reservas internacionales gracias al aumento de los depósitos derivados del blanqueo, es un efecto pequeño y que no sería persistente, con lo cual no cambia demasiado el cuadro estructural.
Asimismo, del lado de la cuenta corriente externa, a medida que se morigera el ajuste sobre el nivel de actividad, las cosas vuelven a la normalidad y reaparecen los déficits externos, acentuados por el hecho de que el gobierno está comenzando a pagar la cuenta de importaciones que se había postergado.
Con esta situación de divisas, el gobierno busca desesperadamente reforzar las reservas del BCRA con un nuevo crédito externo, aunque no está para nada claro que busque nuevo endeudamiento para liberar el cepo. Por supuesto, en buena medida, si la intención es mantener el cepo y por ende sostener el actual esquema de ancla cambiaria, esta decisión limita seriamente las fuentes de financiamiento externo, ya que requiere que el acreedor no se interese por las condicionalidades. Asimismo, la primera etapa del blanqueo concluirá el 31 de octubre.
La mejora en las condiciones de riesgo internacional que se traduce en la prima de riesgo de Argentina contribuye a la estrategia de retorno a los mercados de deuda. En gran medida, este contexto externo favorable se relaciona con la reducción de las tasas de interés internacionales por parte de Estados Unidos, lo que se traduce en una mejora automática del riesgo global que impacta favorablemente en todos los países, incluida la Argentina.
Mientras algunos analistas caracterizan al actual esquema como de neo-convertibilidad (¡con cepo!), hay que tener presente que el esquema aplicado en Argentina en marzo de 1991 solo funciona en base a un creciente endeudamiento y, por ende, tarde o temprano, conduce a la crisis. Aunque existe una diferencia esencial con aquel momento: en 1991 se había consumado una importante reestructuración de la deuda externa argentina que se encontraba en virtual default al final del gobierno de Raúl Alfonsín. En aquel comienzo, el default había quedado atrás. En este caso, el default está en el futuro y la presión para pagar una deuda juzgada insostenible por el mercado comienza a actuar con fuerza creciente en el presente.
LEALTAD, FUTURO Y PERONISMO
En el actual contexto, de creciente descontento social, con acento en la crisis de la educación y la salud públicas, producto del fuerte ajuste impuesto por el ejecutivo, el presidente reconoció, en diálogo con el periodista Antonio Laje en LN+, a propósito del debate sobre el financiamiento universitario, que “los docentes no están bien pagos,” pero -dijo- para arreglarlo, “que me digan cómo lo hacemos”. Y enfatizó: “Acá está el Presupuesto, díganme cómo lo vamos a arreglar: yo pago los intereses de la deuda, con el resto hagan lo que quieran, pero no voy a subir los impuestos ni tomar deuda nueva”. Paréntesis: se entiende que “nueva deuda” para financiamiento universitario porque la deuda pública aumentó en nueve meses (entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024) USD 89.395 millones. Lo mismo vale para el caso de los impuestos, cuando -recordemos- se repuso el impuesto a las “ganancias” sobre el salario de los trabajadores. Pero volvamos al fondo del asunto detrás de la afirmación descarnada y, seguramente, honesta del presidente que desnuda las prioridades del actual gobierno: “yo pago los intereses de la deuda” y, por decantación, lo que aparece como secundario: “con el resto hagan lo que quieran”. ¿Será eso exactamente lo que votó la mayoría de los argentinos? Y más aún: ¿será exactamente lo que quiere?
Tal vez, cuando abundan los análisis sobre la falta de una “verdadera” oposición, más allá de los nombres, sea necesario, en honor a la lealtad, que el peronismo se concentre en ser fuerte con los poderosos. Una premisa que respondería con claridad a la pregunta de: “Unidad sí, pero ¿para qué?. Una propuesta de futuro que, de cara a la sociedad, se traduciría en algo así como “yo pago la salud, la educación… el desarrollo humano de los argentinos”, convocando al conjunto a responder cómo arreglamos el resto, sobre todo ese resto: el del lastre de la deuda. Esa mochila de plomo que Macri cargó sobre las espaldas de los argentinos, a modo de condena al subdesarrollo y garantía de sumisión a intereses externos, que el gobierno del FdT (siendo una de sus principales responsabilidades) no resolvió y que, ahora, el anarco-liberalismo pretende pagar con más ajuste, a costas de la miseria del pueblo y de la Nación.
