HÉCTOR RECALDE, EL REPARADOR DE LEYES OBRERAS

La crónica dirá que el pasado 9 de diciembre, a la edad de 86 años falleció el reconocido abogado laboralista, político, diputado nacional (MC) y profesor universitario Héctor Pedro Recalde.

Sin embargo, hablar de él, es hablar un poco de uno mismo, de todos nosotros, como un relato en primera persona; pero no como ejercicio vulgar de la autoreferencia, sino sabiendo de antemano que en los trazos de su vida reconocemos parte de la nuestra, en la medida que nos constituyó en lo que somos.

Héctor -permítanme la proximidad que nunca tuve, pues me trataba de “usted”- venía de una familia socialista, y supo encontrar en el peronismo su domicilio existencial, en tiempos del Decreto 4161/56 en que aludir a cualquier expresión referente al justicialismo estaba prohibida. Estuvo ahí militando esa primera resistencia con Perón en el exilio; con dos trabajos para poder mantenerse y estudiar abogacía, carrera que pudo terminar en octubre de 1961.

Por eso no fue el azar, sino el destino, que en 1962 fuera el asesor letrado de la Asociación Obrera Textil, gremio símbolo de la Argentina obrera e industrial conducido por el legendario Andrés Framini. Por eso estuvo cerca del triunfo electoral de la fórmula Framini – Anglada para la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, que obligó a Frondizi a anular el triunfo peronista; como también de la gestación del Programa de Huerta Grande de junio de ese año, que tenía en el líder textil uno de sus mentores. Cerca de Framini, participó activamente en el fallido operativo Retorno de 1964, en que el avión de Perón no pudo llegar a la Argentina.

Los sesenta lo descubrieron en su fervor militante, y en la posibilidad de conocer en el año 1965 a Juan Domingo Perón, en cuatro encuentros en Madrid que marcarían definitivamente su vida.

Estos recorridos forjaron una simbiosis entre clase obrera, sindicalismo y peronismo que signaron su razón de ser, con un programa para él inalterable a lo largo de toda su vida: la irrestricta defensa de los derechos de los trabajadores.

En esos años fue asesor letrado del sindicato de los trabajadores mecánicos y del transporte automotor -SMATA-, del Sindicato Argentino de Músicos, de la Federación Obrera del Caucho y Afines. (FOCAYA), de la Unión Obreros y Empleados Municipales, y en 1964 se transformaría en uno de los abogados de la Confederación General del Trabajo, vínculo que lo uniría con la central obrera por casi medio siglo entre gobiernos democráticos, dictaduras y dictablandas.

Pero un abogado de sindicatos, un laboralista, ¿qué hace, sino representar los derechos e intereses de los trabajadores? Recalde conjugo el verbo representar, también siendo sindicalista, cuando en los albores de su fundación, fue secretario general de APOPS, la Asociación del Personal de Organismos de Previsión Social.

Héctor tuvo una gran virtud, su fenomenal simpleza para explicar las cosas complejas, su don de divulgador que estrenara en cursos de derecho colectivo del trabajo dictados en la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) en 1964, o participando de las Primeras Jornadas de Derecho Laboral que organizara la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) en junio de 1966. Esas mismas entidades lo tendrían años después, como titular de la comisión de Derecho del Trabajo -la AABA-, y como presidente de la AAL.

Esta vocación, el retorno del General Perón y la primavera democrática de 1973, lo encontraron, primero como profesor adjunto y luego como titular por concurso de la cátedra de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, al tiempo que se desempeñaba como adjunto interino de la cátedra de Práctica Social del Abogado. Aquella facultad de Derecho abrió la puerta a docentes como Ortega Peña, Baigun, Bacigalupo, Quiroga Santa Cruz y Kaplan, entre tantos otros, y era conducida por el joven Mario Kestelboim, compañero de militancia de Recalde tanto en la Gremial de Abogados como en la Agrupación de Abogados Peronistas.

Esa formidable experiencia universitaria se cortaría abruptamente con la irrupción del lopezreguismo y la posterior muerte de Perón, comenzando así el un primer exilio de las aulas, y luego del golpe cívico militar, un destierro de un año en el Uruguay.

El último retorno de la democracia lo sumaría en 1984 a la universidad como profesor titular por concurso en el Ciclo Básico Común de la UBA. Fue reincorporado ese año con reconocimiento de su antigüedad docente por Resolución Nro. 1515/84 del rectorado. Volvería a ocupar su cargo de profesor adjunto en la Facultad de Derecho, obteniendo el máximo puntaje en el concurso, lo que lo llevaría a dictar su curso de Derecho Colectivo del Trabajo. En el año 1995 sería designado Profesor Titular de la Cátedra de Derecho Administrativo y Procesal del Trabajo, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la carrera de Relaciones del Trabajo, hasta el año 2014 en que tuve el honor de solicitar su reconocimiento como Profesor Consulto de la Universidad de Buenos Aires.

Ahora bien, retomando aquel otro retorno a la democracia, el del año 1973, militó activamente desde la Gremial de Abogados, y como asesor legal de la CGT y de numerosas organizaciones sindicales, para el retorno definitivo de Perón a la Patria. y Perón volvió. En aquellos años apoyó sin cortapisas la sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales que reconoció el fuero sindical, y la LCT -la Ley de Contrato de Trabajo-, en septiembre de 1974.

Con el golpe cívico militar de 1976, soportó en el exilio el desguace de 125 artículos de la LCT en abril de ese año, y nació un compromiso que se hizo carne cuando regresó a nuestro país, donde ejerció su profesión denodadamente en la defensa de los derechos obreros y con una obsesión: la recuperación de los derechos laborales mutilados por la dictadura. Por eso encontró su lugar militante junto a los sectores más combativos del sindicalismo, como la Comisión Nacional de los 25, que le hicieron el primer paro a la dictadura genocida el 27 de abril de 1979, y dio curso a la creación al año siguiente de la CGT Brasil, conducida por Saúl Ubaldini, con quien tendría un vínculo singular.

Ese compromiso militante lo distinguiría en el ejercicio de la profesión de abogar en favor de los trabajadores, realizando aportes novedosos en el fuero laboral, como su intervención en el caso Alegre c/ Manufactura Algodonera Argentina S.A. sobre la responsabilidad civil por accidentes de trabajo; o el caso Peralta, c/ King S.A. sobre la estabilidad del Sub delegado, o en el precedente Romero c/ Swinssair S.A. donde planteó la inconstitucionalidad de la ley 21.400 por la cual la dictadura pretendía abrogar el derecho de huelga. Fue de los abogados que planteó la inconstitucionalidad del artículo 276 de la LCT, a efectos de proteger los créditos laborales, y que tuviera eco en el fallo Valdez c/ Cintioni de la Corte Suprema de Justicia.

En el año 1983 sería uno de los redactores de la plataforma electoral del Peronismo, y la derrota electoral lo alinearía junto a Saúl Ubaldini, en la defensa por la recuperación del salario y la producción destruidos, la derogación de las normas laborales dictadas por la dictadura y la recuperación de los textos originales de las normas mutiladas. Buena parte de la conflictividad sindical de esos tiempos, encuentra su razón en la falta de respuestas a esas demandas. En el año 1986, sería designado letrado apoderado de la Confederación General del Trabajo, ya normalizada la central obrera bajo la conducción del líder cervecero.

Esta determinación y su actitud consecuente, lo llevaría a ser un acérrimo opositor del menemismo desde fines de los ‘80, cuestionando la apertura de la economía, la desindustrialización, y la flexibilidad laboral. Acompañó desde la lista de diputados nacionales, la candidatura a gobernador de Saul Ubaldini en 1991. Participó activamente en la fundación del Movimiento de Trabajadores Argentinos -MTA-, asesorando a Ubaldini, Hugo Moyano, el “Bocha” Palacios, Alicia Castro, entre otros.

Durante esos años participó como miembro redactor en representación de las centrales de trabajadores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay de la Carta de Derechos Fundamentales del Mercosur (Carta Social).

Pero sin dudas, entre tantas, fue la voz de Recalde la que distinguió alzándose contra la flexibilización laboral de los noventa, sea contra el menemismo, o denunciando la ilegitimidad de la Ley Banelco obtenida a fuerza de dádivas y coimas.

Sus libros, ensayos, columnas periodísticas, artículos, entrevistas dan cuenta de su compromiso, donde puso el cuerpo y la palabra. Autor de diez libros y coautor de otros quince, como su “Reforma Laboral – Flexibilidad sin Empleo” (1994), “Política Laboral – 1989-1995” (1995), ¨Un Caso Judicial: Asignaciones y Vales Alimentarios” (1996), “Crónica de una ley negociada” (2000), “Política Laboral Ilustrada, drama y humor” (2001), “Una nueva década infame” (2001), “La Tercera Década Infame”  (2002), “Una nueva Ley Laboral” (2005), “Una historia laboral jamás contada…” (2012), y “Doce años – Trabajadores con más Derechos” (2016). Son prueba viva de su posición inalterable, leal a sí mismo.

De estos testimonios se entiende la pasión con la que se sumó al proceso político inaugurado el 25 de mayo de 2003 con Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández de Kirchner hasta diciembre de 2015.

Primero como asesor parlamentario y como jefe de asesores de la Confederación General del Trabajo, y luego siendo electo como Diputado de la Nación por tres mandatos, Héctor Recalde puso todo lo que hubo que poner para esa fenomenal obra de reconstrucción normativa que era deuda de la democracia de la post dictadura.

Claro que destacan en su memorial legislativo, sus participaciones como jefe de la Delegación de la Cámara de Diputados ante la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, entre los años 2007 hasta el 2014, que recordaban su primera intervención en el año 1971, como consejero técnico de la CGT frente a la OIT.  También resalta su participación como miembro del consejo de la Magistratura como representante de la Cámara de Diputados de la Nación y miembro de la mayoría, a partir del año 2014 (Consejo al que volvería en 2022 representando a la abogacía nacional). Con el peronismo en el llano, a partir de diciembre de 2015, fué jefe de bloque de los diputados nacionales del Frente para la Victoria.

Pero fundamentalmente, desde su banca de Diputado de la Nación, ocupó un lugar que honró: la presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo. Desde allí, fue el articulador central de casi setenta leyes laborales, y autor directo de quince leyes del trabajo.

Las miopías de algunos en un momento político de excepción histórica, hicieron que no fuera posible su más formidable iniciativa: la Participación Laboral en las Ganancias de las Empresas, que hubiera hecho posible la concreción del mandato constitucional dictado en el artículo 14 bis en el año 1957.

Aun así, fue autor de la Ley 26.176 de impuesto a las ganancias de los trabajadores del petróleo. Impulsó, aun cuando lo quisieron coimear con 20 millones de dólares, la Ley 26.341 de eliminación de los tickets canasta. Promovió la sanción de la Ley 26.427 de Pasantías educativas para evitar el fraude laboral. Mediante la Ley 26.428 restableció el texto original del in dubio pro operario de la LCT original. Combatió el fraude laboral con la sanción de la Ley 26.474 que modificó el contrato de trabajo a tiempo parcial. Auspició la Ley 26.540 que reconoce el Día del Canillita al 7 de noviembre de cada año. Fue el creador de la Ley 26.574 que extendió la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Fue autor de la Ley 26.590 sobre la gratuidad de las cuentas sueldo en los bancos, y de la Ley 26.597 que modifica la Ley 11.544 de Jornada de Trabajo. Fue suya la iniciativa que dio lugar a la Ley 26.598 que derogó el artículo 141 de la Ley Nacional de Empleo, y que prohibía la utilización del salario mínimo vital y móvil como base de cálculo de cualquier otro rubro. Fue autor de la Ley 26.847 que incorpora como delito del derecho penal al aprovechamiento económico del trabajo infantil. También le pertenece el texto de la Ley 26.911 sobre la libertad de expresión de los trabajadores y que reforma el artículo 73 LCT.

En mayo de 2010, en vísperas del bicentenario de la Patria, por Ley 26.592, logró el restablecimiento del artículo 19 de la LCT original: el ADN del derecho laboral, aquel que indica que las desigualdades de la ley en favor de los trabajadores, sólo debe entenderse como una forma de equiparar las desigualdades con el patrón.

La Ley 27.115 le pertenece, reconociéndonos a los abogados de trabajadores una fecha que es símbolo y forma parte de nuestra identidad: el 7 de julio de cada año, como del día del abogado laboralista en homenaje a los mártires de la Noche de las Corbatas. Para él, un abogado laboralista es quien defiende a los trabajadores.

Dicha ley es inescindible, de la Ley 27.217 en la que promovió la creación de una Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia, para investigar sobre las complicidades civiles financieras y económicas con la última dictadura.

Todas leyes en favor de los trabajadores.

Una verdadera reforma laboral, que dejaba atrás el despojo de la dictadura cívico militar y los noventa. Una reforma imperceptible, por goteo, solo visible con el tiempo, en estos tiempos. Una reforma laboral de reparación, de restauración de las leyes obreras, con eje en la clase obrera. Una reforma laboral peronista.

Al fin y al cabo, así será recordado. Como peronista, claro. Como reparador de las leyes obreras, y como le gustaba retratarse a sí mismo, citando Benedetti: pero qué voy a hacer, soy parcial, incurablemente parcial, y aunque pueda sonar un poco extraño, totalmente parcial.