NI NECESIDAD NI URGENCIA

El megadecreto presidencial, en su descomedida irrazonabilidad, es el instrumento normativo concebido para desregular relaciones jurídicas, sentar las bases para la privatización de empresas públicas, propiciar la enajenación del patrimonio nacional, pulverizar derechos laborales, dañar a las obras sociales y afectar la institucionalidad de las organizaciones sindicales para debilitarlas en su función primaria de representar el interés de los trabajadores en su conjunto.

No hay ejemplo en la historia jurídica argentina de un decreto que pretenda cambiar en un solo acto cientos y cientos de normas de tan disímiles campos del quehacer nacional: del código aduanero a la minería, de las relaciones laborales a la ley de alquileres, del código civil y comercial a las relaciones jurídicas aeronáuticas, de la ley de tierras al régimen de la yerba mate.

Está claro que el decreto de necesidad y urgencia 70/23 adolece, para empezar, de dos irregularidades autoevidentes: no hay necesidad ni urgencia para su dictado.

La Constitución Nacional es clara al disponer que El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (art 99 inc 3). Seguidamente regula el instituto del decreto de necesidad y urgencia sólo para aquellas situaciones en las que circunstancias excepcionales hicieren imposible seguir los trámites ordinarios propios del proceso de sanción de las leyes, lo que no ocurre atento que el Congreso puede ser perfectamente convocado para funcionar en sesiones extraordinarias. A su vez se exige la configuración de una situación de necesidad y de urgencia que necesita ser explicitada, argumentada, desarrollada con precisión y expuesta en forma motivada en los considerandos del decreto. Nada de eso ha sucedido en el megadecreto en cuestión. Hay referencias abstractas y generales a la situación del país, imbuidas de un ideologismo cerril propio de un liberalismo decimonónico absolutamente vetusto y superado por el tiempo. Para decirlo más claramente: hay un infantilismo preocupante que surge de aferrarse a un discurso y a una línea sin consideración de la realidad concreta de nuestro país. Propiciar el retroceso de los derechos laborales en nombre de pretendidas inversiones que vendrían a dinamizar la economía y, en definitiva, a mejorar los estándares de calidad de vida del pueblo en su conjunto, es volver sobre una música perimida que no reconoce un solo ejemplo histórico donde haya funcionado. El desmantelamiento de los derechos laborales concluye en un solo lugar: en la pérdida de salario, en el deterioro de las condiciones laborales, en el desplome brutal de la demanda agregada, en el achicamiento del mercado interno y en la caída abrupta de la actividad que cristalizará en situaciones de recesión económica de extrema gravedad.

El Congreso de la Nación no puede convalidar semejante dislate jurídico, tanto por las nulidades formales como por las disvaliosas consecuencias derivadas de su oprobioso contenido. Pero ya sabemos que la institucionalidad no funciona en el aire y que es necesaria siempre la organización popular para que las cosas salgan. Como decía un viejo sabio: “Para hacer tortilla hay que romper los huevos”. Por eso celebramos la movilización de la CGT convocada para el día miércoles, que será un punto de encuentro para todos los sectores del trabajo, de la producción y del comercio dispuestos a impedir que unos inescrupulosos destruyan el país con una motosierra que se ha convertido en el símbolo de una tragedia social en ciernes. Sólo el pueblo organizado podrá evitar tanto daño al presente y a las generaciones futuras.