ESTADO DE SITUACIÓN
La tasa de crecimiento mensual de los salarios nominales viene cayendo desde diciembre. Los fuertes aumentos posteriores fueron una respuesta usual a un salto inflacionario inédito, lo que no pudo evitar grandes pérdidas de salario real. Sin embargo, la tasa de aumento de los salarios nominales privados, incluso a un ritmo decreciente, aumentan algo por encima de la inflación.
Sin interferencias políticas, el sendero del crawling peg y, por ende, una inflación que ya no baja tanto pero parece controlada, conduce tarde o temprano a aumentos del salario real, ya que los salarios nominales parecen converger hacia la tasa de inflación pero ajustando desde la inflación pasada. Sin embargo, es en este contexto donde el gobierno decidió intervenir sobre la dinámica de las paritarias para colocar los aumentos salariales en línea con la inflación presente proyectada por el ministerio de Economía: la Secretaría de Trabajo notificó a los sindicatos que no homologará aumentos superiores al 2% a partir de octubre. Esta decisión implica que los sindicatos tendrían que aceptar la caída real desde diciembre como una pérdida permanente.
Si el gobierno lograra contener los salarios nominales de modo que no crezcan por encima de la inflación, eso evitaría una apreciación mayor del tipo de cambio real, ya que los salarios creciendo por encima de los precios (en una economía en recesión) presionarían la inflación por el lado de los costos. El gobierno parece querer evitar que la suba del salario real resultante de la apreciación del tipo de cambio real lleve a una suba del consumo, reactivando la economía y las importaciones —que vienen frenando su ritmo de caída al tiempo que se achica el superávit comercial y ya se acumulan 2 meses (junio y julio) de déficit de la cuenta corriente cambiaria— y produciendo una caída aún mayor de las reservas del BCRA.
Muchos analistas están cayendo en la cuenta, por estas horas, de que el verdadero problema no es el tipo de cambio real, sino la imposibilidad de sostener el tipo de cambio nominal dados los crecientes pagos de deuda y el aumento en las cuotas de pagos de importaciones.
Mientras tanto, la recesión ya comenzó a actuar negativamente sobre la capacidad negociadora de los trabajadores, ya que existe una mayor segmentación del mercado de trabajo (más trabajo informal e independiente), un desempleo en alza y la creciente injerencia del gobierno en los mecanismos de paritarias para reducir la tasa de ajuste de los salarios nominales del sector privado.
Esta dinámica se refleja en la evolución de los salarios reales del sector registrado en Junio. Mientras los asalariados del sector privado formal (azul, en el gráfico) vieron mejorar 2% sus ingresos reales respecto de mayo (un aumento decreciente respecto de los dos meses previos), los trabajadores del sector público (rojo, en el gráfico) registran una caída (-0,6%) como consecuencia de la profundización del ajuste fiscal.
Un comportamiento similar se observa en el amplio segmento de trabajadores asalariados informales.
Este segmento había registrado un aumento real significativo en mayo (+7,3%) y ahora vuelve a mostrar una suba real aunque algo menor (+4,4%). Con estos registros, el salario real total de la economía mostró un aumento en junio, menor que en mayo.
En el lapso temporal que corresponde al actual gobierno, los asalariados del sector privado formal han logrado recortar buena parte de la pérdida registrada tras el shock devaluatorio de diciembre aunque se ubican todavía un 4,7% por debajo del nivel real obtenido en noviembre del año pasado. Esta recuperación parcial les ha tomado a los asalariados privados formales unos seis meses y apenas los acerca al nivel de noviembre (considerado históricamente bajo). Sin embargo, se ha agudizado otro fenómeno: una aceleración de la creciente heterogeneidad salarial. Los trabajadores del sector público y los asalariados informales están muy por detrás en esa senda de recuperación aunque sea parcial.
Consistentemente con la mejora decreciente del salario y la continuidad en la pérdida de empleo, las ventas de consumo masivo cayeron 7,3% interanual en junio. Las ventas totales medidas a precios constantes, en el acumulado enero-junio de 2024, presentan una reducción de 11,6% respecto a igual período de 2023. El derrumbe es notorio: en junio las ventas resultan 18% menores en relación con los niveles alcanzados en 2017 y 10% inferiores al valor vigente en junio del año pasado. Asimismo, los primeros datos de agosto de las estimaciones privadas revelan una caída aún mayor, asociada a la fuerte destrucción de puestos de trabajo que no puede ser compensada por las módicas mejoras del salario real.
Las series de producción de bienes de consumo durable y producción de bienes de consumo no durable que elabora la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) siguen mostrando escenarios contractivos.
En términos del nivel de actividad global, luego del registro de mayo, donde la economía mostró su primer dato positivo tras ocho meses de estancamiento y recesión, la medición del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) expuso en junio una nueva baja de -0,3% en relación con mayo y una contracción del -3,9% en la variación interanual. Al estar basado enteramente en la variación del nivel de actividad del agro respecto del derrumbe ocasionado por la sequía, el dato de mayo resultaba excepcional e irrepetible.
Si se descuenta el efecto del agro en la medición de junio, el resto de las actividades consideradas en el EMAE estarían cayendo en torno al 8%. La observación de la medición del EMAE sobre los principales sectores productivos de la economía confirma la hipótesis de que las exportaciones solo pueden liderar un proceso de estancamiento y no pueden reemplazar a la demanda interna, verdadero motor del crecimiento.
Sobresalen las caídas (inéditas) en torno a 20% interanual de amplios sectores como industria, comercio y construcción, siendo justamente estos grandes sectores los principales determinantes de la continuidad de la recesión. La contracción del mercado interno se manifiesta en un descenso inédito en los niveles de utilización de la capacidad productiva, en torno a un 54% de la capacidad instalada. Como es lógico, estar utilizando en promedio apenas la mitad de la capacidad instalada desalienta cualquier proyecto de inversión en capital productivo. De hecho, tanto las importaciones de bienes de capital (medidas en volumen físico) como la producción doméstica de bienes de capital, muestran fuertes contracciones del orden 33% y del 39% interanual respectivamente.
En este contexto, el pedido del gobierno al sector privado (es decir, a los empresarios) de que inviertan, no parece tener demasiado anclaje en la realidad.
Sin embargo, en un evento de la Fundación Mediterránea, el titular del Palacio de Hacienda les pidió a los empresarios que inviertan para salir de la crisis “Si los empresarios apoyan este cambio, no solo con el voto sino con las acciones, e invierten, la economía va a crecer, si la economía crece vamos a recaudar más, si recaudamos más vamos a tener superávit y a bajar los impuestos”, subrayó el ministro. Pero, de nuevo, la secuencia que propone Caputo tiene algunos problemas: el resultado fiscal es una variable en gran parte endógena. El gobierno puede decidir cuánto gastar, dada una cierta alícuota promedio de impuestos, pero no puede decidir cuánto recaudar porque esto también depende del sector privado.
Si el gobierno reduce el gasto público como lo viene haciendo (a costa del gasto previsional y social, de los salarios, la inversión pública y los subsidios) puede obtener un superávit fiscal. Asimismo, como los impuestos son inducidos por el ingreso (y son una fracción del ingreso) el déficit va a caer menos (o el superávit va a subir menos) que la reducción de los gastos. La contracción del gasto tendrá un impacto negativo en el nivel de actividad y, por ende, también impactará en la recaudación. Pero eso solo significa que el gobierno obtendrá una reducción del déficit fiscal (o un aumento del superávit) menos proporcional que el ajuste del gasto. Sin embargo, si el gobierno reduce el gasto público dados los impuestos el déficit no puede aumentar.[1] Aunque, claro, se puede cuestionar la sostenibilidad (económica y/o política) de esa política fiscal. Pero el problema central del razonamiento de Caputo es que el gobierno supondría que el superávit fiscal será alimentado por una recaudación que aumentará debido al crecimiento de la economía. El problema es que el superávit fiscal obtenido por el gobierno se fundamenta en la recesión y no puede basarse en el crecimiento, ya que el gasto público es un driver principal del crecimiento y está siendo ajustado. De modo que la recaudación total tenderá a seguir el nivel de actividad (y tenderá a caer cuando la actividad cae), por lo que el superávit fiscal se obtendrá sobre la base de la recesión.
Además, existe un aspecto relevante vinculado a la reacción de la recaudación tributaria ante la dinámica del ciclo económico, donde los cambios en la tasa de crecimiento económico se suelen traducir en cambios más que proporcionales en la recaudación de impuestos. En la recesión, para las empresas se torna más difícil formalizar actividades y/o pagar los impuestos vigentes, lo que puede resultar en mayores caídas de la recaudación, lo que acentúa el efecto del ciclo contractivo sobre la situación fiscal y hace más costosa la obtención del superávit fiscal. Aunque, estos efectos se ven atenuados, y facilitan la reducción del déficit (o el aumento del superávit), cuando una parte creciente de los recursos tributarios es explicada por impuestos desvinculados total o parcialmente del ciclo productivo doméstico, como los impuestos al comercio exterior. Actualmente, la suma de impuestos al comercio exterior, incluido el impuesto PAIS, representa casi 13% de todos los recursos tributarios mientras hace un año eran la mitad de ese porcentaje. Este escenario puede variar parcialmente con el recorte de los 10 puntos de aumento que el gobierno decidió al inicio de su mandato sobre la alícuota del impuesto PAIS, retrotrayéndola al 7,5% vigente durante la gestión anterior, o si decide reducir las alícuotas de las retenciones.
Pasando en limpio:
- Sin recuperación de los salarios reales, de la capacidad de compra (el gobierno decidió intervenir en las paritarias para evitar esa recuperación) no puede haber recuperación del consumo privado.
- Sin recuperación del consumo privado y con persistencia del ajuste sobre el consumo y la inversión pública (base superávit fiscal), no puede haber recuperación de la actividad.
- Sin recuperación del mercado interno, la capacidad productiva instalada permanecerá ociosa y, por lo tanto, no habrá incentivos para la inversión privada.
- La sola mejora de las exportaciones (que no dependen del mercado interno sino de la demanda externa) no alcanza para liderar un proceso de crecimiento.
- Si los salarios reales crecieran, se recuperara el consumo, si reapareciera la inversión pública, si se reactivara la economía y creciera la inversión, aumentaría la demanda de importaciones y, en consecuencia, la caída de reservas se volvería aún más pronunciada.
- Si las reservas profundizaran su caída, dados los niveles de endeudamiento de la economía, sería aún más dificultoso sostener el tipo de cambio nominal y, sin estabilidad cambiaria, no podría sostenerse el proceso de desinflación.
¿Entonces?
A fin de año finaliza el acuerdo de “facilidades extendidas” con el FMI (EFF, por sus siglas en inglés) firmado por el ex ministro Guzmán y refrendado por el Congreso en marzo de 2022. Quedarían por delante dos revisiones (septiembre y diciembre) por las cuales se concederían los últimos desembolsos por algo más de U$S 1.000 millones, en un contexto donde el país ya viene haciendo pagos netos al organismo multilateral.
En 2025 no habría que realizar pagos y recién en 2026 habría que comenzar a pagarle al FMI. Argentina necesitaría un nuevo acuerdo que involucre la refinanciación de los vencimientos de 2026. Sin embargo, al gobierno le interesaría apurar un nuevo acuerdo si esto implicara la obtención de fondos “frescos” o préstamos nuevos. Si el FMI no accede a conceder nuevos préstamos, ¿el gobierno seguirá adelante sin acuerdo con el FMI?
Además, hay otros pagos que en 2024 sumarían US$ 4.600 millones, mientras en 2025 ascenderían a unos US$ 18.000 millones (donde los meses más demandantes son enero y julio con el pago de bonos soberanos). Solo en enero deben hacerse pagos a privados por alrededor de U$S 4.000 millones.
Mientras tanto, prácticamente todas las consultoras y analistas de mercado estiman que las reservas internacionales netas del BCRA hacia fin de año rondarían una cifra negativa cercana a los U$S 10.000 millones, aproximadamente el mismo nivel que dejó el gobierno saliente a fines de 2023. Desde el punto de vista de su situación externa, la economía está en una situación similar a la de noviembre, tiene un riesgo país algo más bajo, pero prohibitivo para refinanciar su deuda, ha producido una enorme devaluación de su moneda, pero tiene menos reservas que hace un año (USD 26.719 millones el 30 de agosto de 2024, contra USD 27.818 millones el 31 de agosto de 2023), aunque con una recesión inédita de la que no se avizora salida, desempleo creciente y un nivel de pobreza récord. La pregunta forzada es: ¿Qué solucionó el ajuste fiscal y monetario combinado con una gran devaluación?
Se hizo el ajuste fiscal y monetario, existe eventualmente un superávit fiscal (ahorro en pesos) para comprar dólares y pagar la deuda, pero… los dólares no están.
En este contexto, es posible entender la continuidad del “cepo” cambiario, que se utiliza para administrar la devaluación de la moneda y la pérdida de reservas cuando las expectativas de devaluación se tornan incontrolables. Cuando se confirma la presunción de que en el agregado de la economía no habrá la cantidad necesaria de dólares para todos (importadores, acreedores), las expectativas de devaluación de la moneda se tornan muy difíciles de revertir. Además, el riesgo país impone una carga adicional sobre esas expectativas y las potencia. Esta es la situación que está reapareciendo en la economía argentina, después de que la mayoría de los analistas y de la dirigencia política (de todos los colores) había hecho de cuenta que el problema de la deuda externa había sido “resuelto” con las negociaciones de 2020 y 2022.
En este contexto, hipotéticamente, el FMI podría conceder dinero “fresco” como lo hizo en otros países en circunstancias similares, a condición de unificar el mercado y dejar flotar el dólar, permitiendo intervenciones muy focalizadas de parte del BCRA, en un esquema similar al aplicado en 2018 y que terminó siendo ruinoso.
Con esas condicionalidades por delante, el gobierno viene negociando con los sectores exportadores e importadores una modificación en el tipo de cambio efectivo, entre los cuales se destaca la posibilidad de un acuerdo con los exportadores de cereales y oleaginosas permitiendo una rebaja de las retenciones, muy similar a los esquemas intentados por Sergio Massa el año pasado. El gobierno no quiere devaluar ni abandonar el cepo porque (Arriazu dixit) se termina todo. Da la impresión de que ahora son muchos más los que “la ven”: se puede crecer eventualmente con cepo, lo que no se puede es crecer sin dólares.
