Recursos Naturales y uso soberano

“Para preservar el ambiente y vivir en armonía con la naturaleza, no hay necesidad de abandonar los avances tecnológicos (…). El Tercer Mundo todavía no ha alcanzado a producir la cantidad de alimentos que consume, y para llegar a su autoabastecimiento necesita un desarrollo industrial, reformas estructurales y la vigencia de una justicia social que todavía está lejos de alcanzar. (…) Cada nación tiene derecho al uso soberano de sus recursos naturales (…) y la obligación de exigir a sus ciudadanos el cuidado y utilización racional de los mismos.”

Juan Domingo Perón, “Carta Ambiental” a la Cumbre de Estocolmo de 1972

Liderazgos y territorio

Este planteo de Juan Domingo Perón en 1972 fue de vanguardia para la época, e introdujo por primera vez en la historia del país una agenda política moderna que incluía la relación entre recursos naturales, condiciones ambientales, estructura de consumo y derecho a su uso soberano. Esto fue incorporado a la plataforma política del Frente Justicialista de Liberación, FREJULI, convirtiéndose en la primera fuerza política en hacerlo en América Latina.

El “derecho al uso soberano” de los recursos naturales por cada una de las naciones es un principio que exige ser analizado a la luz de estrategias originadas en enfoques geopolíticos, ya que este derecho se encuentra amenazado por aquellos países que sostienen, a lo largo de la historia del siglo XX, posiciones dominantes.

En tal sentido, la preservación del ambiente y la convivencia armónica con la naturaleza no es ajena a la forma en que cada país ejerce la soberanía sobre los recursos naturales.

Tal situación interpela de forma permanente a los líderes políticos de cada país, sus clases dirigentes y sus ciudadanos sobre cuáles son las mejores formas de convertirlos en políticas públicas concretas. Al contrario de lo que suele sostenerse de manera más obvia, los problemas geopolíticos no empiezan a analizarse por “los actores externos”, sino por la forma en que se manifiestan, se dirimen y se configuran al interior de cada uno de los países y se expresan en sus liderazgos.

Al respecto se puede sostener que hay dos preguntas significativas que enfrentan los líderes políticos de todos los países del mundo: una de ellas se refiere a qué es lo imperativo e indelegable para ejercer plenamente la soberanía nacional en sus Estados; la otra, interpela sobre  qué se necesita para tener un rol significativo, no subordinado, en las relaciones mundiales.

Estas preguntas no son ajenas a los líderes latinoamericanos ni a quienes gobiernan países periféricos y semiperiféricos y, como en otras épocas de la historia de cambios significativos en los escenarios mundiales, estas se deben formular de forma permanente, demandando respuestas cada vez más precisas.

A la primera pregunta los estrategas estadounidenses la formulan desde la perspectiva de la seguridad nacional, y a la segunda desde su rol para sostener su hegemonía, garantizada en la coexistencia subordinada del resto de los países.

La historia indica que estas preguntas no se pueden formular de manera separada; enunciar una es incluir necesariamente a la otra, sea que se formulen en un país central, imperialista, o en un país periférico y relativamente subordinado.

Y son dos las preguntas no por meros matices semióticos. La construcción de un pensamiento estratégico y situado obliga a la distinción, al menos si se considera necesario armar el aparato conceptual para comprender el sentido de las batallas geopolíticas que a diario se dan en el mundo, tanto las más visibles como aquellas que van definiendo posiciones bajo el radar.

La generala

En tal sentido, la serie de visitas que la Generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EEUU, viene realizando los últimos años a Argentina y América del Sur y su énfasis, en cada una de ellas, en que el tema principal que la trae es la “seguridad en la región”, no puede disociarse del hecho de que lo central de cada país es visualizado como el acceso a aquellos recursos que permiten asegurar “su seguridad nacional”.

Richardson es una de las militares más poderosas del Ejército de Estados Unidos y jefa del Comando Sur. Su última gira por Sudamérica incluyó visitas a quienes ejercen los Ministerios de Defensa de cada país; en Argentina lo hizo con el ministro Jorge Taiana y en Chile, con su par Maya Fernández. En cada una de estas reuniones señaló a la prensa y a los gobiernos que su principal tema a tratar era “la seguridad en la región”. Esto no es una frase menor, sobre todo cuando viene de quien lidera el Comando Sur, una unidad de las Fuerzas Armadas estadounidenses destinada al área que comprende América del Sur, América Central y el Caribe, para resguardar de forma plena sus intereses.

En la fase preparatoria del viaje, unos meses antes, ante la pregunta de los periodistas sobre esta nueva gira por Sudamérica, la Generala señaló con toda transparencia que estos asuntos de seguridad nacional estaban asociados a intereses bien definidos “como por ejemplo, el triángulo del litio”; la concentración de “las reservas de petróleo más grandes”; “los recursos de Venezuela, con petróleo, cobre, oro”; los bosques de la Amazonia, “los pulmones del mundo”; y, finalmente “el 31 % del agua dulce del mundo”.

Objetos de valor estratégico (OVE)

Este año el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, General de División Juan Martín Paleo, expuso sobre los imperativos estratégicos de la defensa nacional. Para ello se remitió al historiador Eric Hobsbawm (La era del imperio, 1987), quien plantea que la lógica del imperialismo está vigente y es aún “el resultado de la combinación entre la geopolítica y el proceso de globalización de los mercados”.

La referencia tuvo la virtud de poner en el centro del análisis estratégico la competencia económica de las grandes potencias como motivación de su expansión, incluso de “forma violenta en búsqueda de nuevos mercados para colocar sus manufacturas de origen industrial y hacerse de una fuente segura de provisión de materias primas”.

Considerando que dentro de esta tesis central prevalece “la relación centro-periferia como uno de los ejes estructurantes del mundo actual”, el General de División Paleo señala en su texto que “la disputa entre las grandes potencias por el acceso a recursos naturales de los países periféricos sigue más vigente que nunca y el conflicto en Europa del Este ha despertado un nuevo interés por los alimentos y fuentes de energía”.

Tecnologías y recursos naturales

Un inventario no exhaustivo de las capacidades argentinas indica que el país es el décimo exportador mundial de productos agroalimentarios; produce actualmente alimentos para más de 450 millones de personas, generando un excedente de 10 veces su población. Por otro lado, en términos energéticos, Argentina tiene la segunda reserva más grande de gas no convencional y la cuarta reserva de petróleo no convencional, sin contar las proyecciones que se están evaluando en petróleo off shore en el Atlántico Sur y el reciente descubrimiento de Palermo Aike (Santa Cruz), equivalente a un tercio de Vaca Muerta de acuerdo a los cálculos preliminares.

La aceleración del cambio tecnológico va cambiando también el carácter estratégico de muchos de estos recursos naturales en las economías. Recursos que hasta hace una década no eran conocidos masivamente se convierten en motivo de conflictos internacionales, e impactan de forma directa en ciertos territorios nacionales, provocando una disputa creciente por su control y acceso.

Un ejemplo de esto es el litio. Si bien se sabe hace mucho tiempo que Argentina tiene la segunda reserva mundial del mineral, y que las investigaciones científicas sobre las baterías de litio  se han venido acelerando desde al menos la década de 1970, cuando ocurre la primera gran crisis del petróleo, basado en que se consideraba que ¨el ánodo perfecto¨ para la construcción de una nueva generación de baterías sin materiales tóxicos (como plomo y cadmio) debía basarse en litio, estaba el desafío de descubrir ¨el cátodo perfecto¨.

Desde los primeros ensayos de la empresa Exxon a inicios de 1980 que tuvieron que discontinuar porque se recalentaban y explotaban, pasando por el avance de la empresa japonesa Asahi Kasei en 1985 y luego con sociedad con Sony en 1991 usando óxido de cobalto-litio y cátodo de coque, hasta las actuales de fosfato de hierro-litio, abaratando notablemente su costo y durabilidad, se puede evaluar el incremento de valor del mercado y sobre todo el carácter estratégico del mineral y sus yacimientos.

En tal sentido se podría postular que no era necesario llegar a 2019, cuando las baterías de ion-litio motivaron el Premio Nobel de Química repartido entre un científicos alemanes, británicos y japoneses, para incluirlo de forma plena en la agenda pública, en el capítulo de bienes estratégicos del país.

Como puede observarse la comprensión de la direccionalidad del cambio tecnológico se ha convertido en una nueva capacidad analítica de estrategas y políticos. La capacidad prospectiva es una herramienta necesaria para considerar una valorización a futuro de los recursos naturales y su manejo considerando el ejercicio de la soberanía de los países.

Desde esta perspectiva es necesario considerar en el futuro inmediato la identificación de los minerales críticos para la economía basada en los nuevos desarrollos tecnológicos y armamentos, incluyendo en esto el grupo denominado tierras raras.

En términos de defensa como de desarrollo, hay que considerar ¿qué es necesario preservar?; esto implica también tener un mapa actualizado de los nuevos desarrollos tecnológicos, los recursos naturales que demandan y los territorios involucrados, ya que de esta combinación surgen listas específica que se actualizan rápidamente y mapas asociados, como ahora puede verse en los informes de demanda de los países desarrollados (entre ellos los elementos de tierras raras, cobalto, vanadio, antimonio, manganeso, wolframio, grafito entre otros).

En esta competencia global sobre los recursos necesarios para lograr el desarrollo económico van adquiriendo cada vez más valor las tierras raras, que son un grupo de elementos químicos utilizados para fabricar productos tecnológicos y armamento. Si bien faltan muchos estudios para su identificación en el territorio, ya sabemos que al menos lo forman sobre todo los lantánidos, que incluyen el cerio, el samario, el holmio o el europio, entre otros.

Es posible tener una idea sobre la importancia geopolítica de estas “tierras raras” cuando se toma en cuenta su alto valor comercial y también porque hoy más del 80% de su producción procede de China, lo que le otorga una ventaja geoestratégica y económica al exportar la mayoría de estos materiales contando con al menos el 40% de las reservas mundiales.

Estos recursos claves y caros son insustituibles para la producción de teléfonos móviles y computadoras, coches híbridos, armas y equipos médicos, entre otros. Sus grandes capacidades magnéticas y la necesidad de seguir reduciendo el tamaño de los dispositivos electrónicos hacen que elementos como el iterbio y el terbio sean claves debido a su alta conductividad eléctrica y su enorme capacidad de almacenaje, por mencionar algunos ejemplos. Toda la estrategia de nuevas tecnologías para el cambio climático incluye estos minerales críticos y tierras raras, que además son muy complicadas para extraer de forma pura.

En tal sentido, el Jefe del Comando Mayor Conjunto argentino señaló que “sería inaceptable que las FF.AA. argentinas no se preparen para disuadir/repeler la agresión de una amenaza estatal militar externa (AEME) que pretenda coaccionarnos, realizar acciones punitivas o atacarnos en forma directa con el objeto de afectar nuestro potencial nacional, acceder a nuestros recursos naturales, o conseguir ventajas leoninas sobre la explotación de los mismos”.

En esta perspectiva, para las Fuerzas Armadas, los recursos naturales son considerados como objetos de valor estratégico (OVE) y, como tales, es necesario incluirlos en el análisis geopolítico, en particular porque durante el siglo XIX y el siglo XX se demostró que existe una correlación directa entre la guerra y los recursos naturales.

En relación con la demanda, estos recursos naturales son escasos y caros. Prepararse para defenderse militarmente no es un exceso. Numerosos estudios muestran que poseer recursos naturales críticos para el desarrollo económico, incrementa la probabilidad de que exista un conflicto militarizado. El General de División Paleo recuerda que en Thegeography of Inter Statewars (2013) , Furlong, Caselli y otros, basados en un estudio de 606 casos entre 1946-2008, pudieron demostrar que se incrementa la probabilidad de que exista un conflicto militarizado cuando un país tiene petróleo frente a uno que no tiene, y cuando un estado posee sus reservas cerca de su frontera esa probabilidad aumenta hasta casi cuatro veces, situación que se incrementa cuando el recurso es, además, inelástico.

Considerando estas posibles Amenazas Estatales Militares Externas (AEME) es que la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) vigente señala que: “Los referidos cambios económicos han revitalizado la puja por los recursos naturales estratégicos y por el control de las rutas de comercio que transportan dichos recursos desde sus zonas de extracción hacia las de producción y consumo. La demanda mundial de agua dulce, petróleo, gas, minerales y alimentos, entre otros bienes escasos, se vislumbra como potencial fuente de conflictos entre Estados.” (DPDN, 2021)

En tal sentido, basado en ese diagnóstico se afirma que: “La protección de los recursos naturales, contenidos en la definición más comprehensiva de recursos estratégicos, constituye un aspecto medular en la formulación de la actitud estratégica defensiva de la República Argentina. Siguiendo lo establecido por el artículo 2° de la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional y el artículo 1° del Decreto Reglamentario N° 727/06, asegurar la disponibilidad de recursos naturales renovables y no renovables localizados en el territorio nacional es una forma tangible de materializar los intereses vitales de la Nación. Deben planificarse las capacidades y doctrinas acordes para proteger los espacios y recursos estratégicos ante la potencialidad de un ataque militar estatal externo, sobre todo aquellos que revisten una importancia fundamental para el desarrollo socioeconómico y el sustento de la población (…)” (DPDN, 2021).

Industria para la defensa

Estos aspectos de la nueva doctrina militar que incluye la protección de los recursos naturales de acuerdo a los intereses de la soberanía nacional se reforzaron en 2020, cuando mediante la Ley N°27.565, se creó el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) que tiene una afectación específica para financiar el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas mediante la recuperación, modernización y/o incorporación de material. Su constitución e integración contempla que debe establecerse de forma estable en el 0,8% para el año 2023, manteniendo el porcentaje en los sucesivos ejercicios presupuestarios; esto otorga certeza sobre su estabilidad, permitiendo que la conducción política de la defensa establezca las estrategias correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en el marco normativo de la Defensa Nacional.

Si bien aún son pocos los ejercicios presupuestarios en los que se ha aplicado, el complejo normativo permite que, con el tiempo, se articule no solo la defensa de los recursos naturales sino también su industrialización, para recuperar una presencia geopolítica soberana en el contexto regional e internacional.

Esta articulación entre promoción científica, desarrollo tecnológico e innovación, recursos naturales y capacidades industriales desde la perspectiva de la defensa es viable en tanto la aplicación del Fondo debe realizarse tomando en cuenta los siguientes criterios:

1) Favorecer la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa.
2) Promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico.
3) Incrementar las acciones de investigación y desarrollo, tanto en el sector público como privado.
4) Mejorar las condiciones de creación, difusión y asimilación de innovaciones por parte de la estructura productiva nacional.

En tal sentido, desde otra perspectiva pero integrada al mismo enfoque de defensa, el Brigadier Xavier Isaac, Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, señalaba hace unos meses que la previsibilidad lograda con el FONDEF ha permitido, por ejemplo, poner blanco sobre negro respecto de algunas estrategias de compra, como fue el caso de lo surgido cuando la Korean Aerospace Industries (KAI) comunicó al gobierno argentino que no podrá suministrarle el avión de combate FA-50 (variante de caza ligero avanzado del T-50 Golden Eagle) que la Fuerza Aérea propuso comprar en tiempos del gobierno de M. Macri, dado que existe un veto del Reino Unido para tal venta, fundamentado en que ese país tiene las patentes y la fabricación de componentes incorporados a la aeronave.

El FONDEF permite comenzar a analizar el desarrollo tecnológico propio, sea para mantenimiento o para el desarrollo de partes. De este modo, con mayor estabilidad, es posible incluir a la Fábrica Argentina de Aviones «Brigadier San Martín» S. A. (FAdeA) en las negociaciones, dado que es una empresa dedicada a la producción y mantenimiento de aeronaves. A este respecto, Isaac señalaba que para próximas adquisiciones “la condición para salir a comprar es que Fadea participe; será en mayor o menor medida de acuerdo con la tecnología que esté involucrada. Es nuestro deseo que sea la mayor cantidad posible, para así poder despegarnos y hacernos autónomos con algunas partes del avión”. 

La integración de las capacidades instaladas en el país empieza a tener un valor distinto en pos de la defensa nacional de los recursos naturales. Considerando la construcción y recuperación de aviones de gran porte y autonomía, Isaac también señala que “un avión de ese porte (se refiere a los Gulfstream) que, si bien son de bajo costo, no está aún en nuestros planes (pero) una vez que empiece a fluir el FONDEF y tengamos nuestro contrato de segunda serie cerrado, nos reuniremos con el INVAP y hablaremos sobre este tema en profundidad. Creemos que, de concretarse, nos va a reposicionar al frente de este tipo de capacidades a nivel mundial”. Y esto es porque el  INVAP permitiría entrar en un mercado donde hay muy pocos jugadores, aclarando que “no son muchos los que manejan ese mercado como INVAP y es la oportunidad para volver con un producto distintivo. Tenemos la capacidad, adquirimos la plataforma y el resto que lo haga INVAP. Sería el logro de la década para la industria de defensa”.

Jallalla Jujuy

Al sostener que los problemas geopolíticos no empiezan a analizarse por “los actores externos”, sino por la forma en que se manifiestan, se dirimen y se configuran al interior de cada uno de los países, es necesario tomar siempre en cuenta que la relación entre cambio tecnológico, recursos naturales y territorio no es completa si no se analizan con cierto detalle los aspectos más sensibles de los conflictos territoriales, ubicándolos en el mapa.

El análisis situacional permite identificar prontamente los conflictos emergentes y sobre todo evaluarlos de acuerdo con las causas más profundas que subyacen en cada uno de ellos. En tal sentido lo que emergió con fuerza la noche del jueves 15 de junio, luego que, de votarse la reforma constitucional, y que la comunicación de los grandes medios quiso hacerlo ver como una simple reacción de grupos violentos por algunas cláusulas represivas de la protesta, en realidad escondía una nueva escalada de un conflicto más solapado, relacionado con las relaciones entre la explotación del litio y los derechos sobre la tierra de las comunidades indígenas.

La ola de protestas que abarca todo el territorio provincial y tiene su epicentro en las zonas vinculadas al litio, y que no tiene visos de parar rápidamente, se ve agudizada además por un notable incremento de prácticas represivas por el gobierno provincial.

Con graves problemas de procedimiento, sin respetar los plazos previstos para votar la reforma y desconociendo la consulta previa e informada de las comunidades originarias de acuerdo con la manda de la Constitución Nacional y los tratados internacionales que la constituyen, se buscó avanzar en un nuevo estatus en la propiedad de la tierra y los derechos indígenas, generando la posibilidad de traslados de comunidades enteras, aún si sus acuerdos.

Por eso es importante los avances doctrinarios sobre defensa nacional aborden con profundidad la situación de los recursos naturales considerando los aspectos de la soberanía, ya que eso permite evitar caer en situaciones donde se disocian los conflictos sociales de las decisiones que se promueven en función de intereses de otros países, que suelen trasladar los conflictos geopolíticos al interior del territorio y de la agenda nacional.

Algunos dirigentes indígenas residentes en Jujuy señalaban que ¨lo que para las empresas y gobierno son simples traslados, para las comunidades son verdaderos destierros¨. En el mismo sentido sus argumentos valoran el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional que establece que corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Pero, además, y en particular, debe “asegurar la participación de los pueblos en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten”, más allá de que las provincias “pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

La alerta de las comunidades originarias no es ociosa. La crisis política en Bolivia de 2019 que terminó manifestándose como un golpe de Estado contra Evo Morales entre el 10 al 20 de noviembre, en el que llegó incluso a intervenir la Organización de Estado Americanos (OEA), de forma altamente cuestionada, también tuvo como protagonistas externos al gobierno nacional argentino de Mauricio Macri y el de la provincia de Jujuy.

Toda la operación fue de alta exposición, solo basta recordar que cuando Ivanka Trump, la hija del entonces primer mandatario estadounidense Donald Trump, llevó adelante una visita a la localidad jujeña de Purmamarca junto a una comitiva fue recibida por el gobernador Gerardo Morales y que el arribo de la “misión” norteamericana a la ciudad que limita con Bolivia, contó con la presencia del Subsecretario de Estado, John J. Sullivan, la viceministra de Defensa, Lisa Hershman, y el Jefe de la agencia USAID -dependiente del Pentágono. El alto nivel de compromiso con esa operación de este sector de la política argentina, asociado a sectores económicos y políticos de EEUU quedó en evidencia cuando el canciller de Bolivia, reveló a la prensa en 2021 que habían enviado municiones para reprimir las protestas, precisando que este había empezado el 12 de noviembre de 2019 con el envío de 70.000 municiones de forma secreta a Bolivia, y que estos habían sido trasladados en un Hércules C-130 con un  primer contingente de gendarmes, con armamentos y municiones que terminaron en el poder de las Fuerzas Armadas de Bolivia al golpe de Estado.

Todo este proceso de excepción institucional sólo modificó de forma drástica en el mercado emergente del litio, debilitando las estrategias que habían sido montadas para industrializar el litio en el suelo boliviano, usando plenamente la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos y, al contrario, redireccionando todo el proceso a la comercialización del carbonato de litio sin procesar principalmente a EE.UU. En esa oportunidad también fue presentado el conflicto como un problema interno que afectaba la calidad institucional y no como una manifestación de la geopolítica de los recursos naturales en el territorio.