En un mes estaremos celebrando elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y abriendo, definitivamente, el escenario electoral nacional que se extenderá hasta octubre, si hubiera una definición en la primera vuelta de las elecciones generales, o hasta noviembre, si la definición exigiera a las dos fórmulas más votadas confrontar en el ballotage. Eventos trascendentes que definen el presente del país enmarcan el escenario en el que se desarrollan estas elecciones y permiten, a su vez, una lectura de lo que se pone en juego en estos comicios en los que -adelantándonos a las conclusiones- se decide mucho más que un recambio presidencial.
En el ámbito geopolítico, a estas alturas del partido, es casi vox populi: el riesgo principal que se cierne sobre una América Latina que los EEUU consideran desde fines del siglo XIX como su “patio trasero”, es decir, como su fuente segura de recursos y mercados o, para actualizar esos términos al lenguaje de la diplomacia occidental de estos días, su fuente “segura y estable” en la cadena de suministros críticos. Un riesgo que se origina en la “amenaza” para la hegemonía unipolar de EE.UU. que esta potencia ve en el ascenso tecnológico, militar, comercial y diplomático de China. La pérdida de influencia estadunidense en otros escenarios mundiales, especialmente en Asia, Medio Oriente y África, reactivó la profundización de “su juego” -en palabras de la Generala Laura Richardson- en los países sudamericanos a los que busca mantener subordinados a sus intereses estratégicos. EE.UU. cuenta con una herramienta de privilegio para contribuir a garantizarse los recursos críticos de las naciones sudamericanas, así como la subordinación de la política exterior de nuestras naciones a su estrategia de seguridad nacional: el FMI. Este hecho se verifica especialmente en nuestro país, por lejos el más endeudado de la región en la moneda norteamericana. El estatus de dependencia de la Argentina es, sin dudas, el legado más dañino que sembró la administración Macri y que persiste cuatro años después de su salida del gobierno. La situación deudora de Argentina para con el organismo, junto con la debilidad del frente cambiario debida a la escasez de dólares (producto no sólo de los pagos de deuda externa pública y privada, los distintos mecanismos para exteriorizar riqueza nacional, la escasa diversificación de la canasta exportadora mayormente primaria, la amplia dependencia importadora de maquinarias e insumos, sino también de la sequía que restó unos USD 20.000 millones a los ingresos de divisas comerciales) amplifican el poder de presión del organismo.
En el ámbito doméstico, en septiembre de 2022 la Legislatura de Jujuy sancionó la Ley n°6302 que declaró la necesidad de una reforma parcial de la constitución provincial. El 7 de mayo de 2023 se celebraron comisiones provinciales para conformar la Convención Constituyente. El 23 de mayo los convencionales juraron el cargo e iniciaron su tarea. Menos de tres semanas después, el 16 de junio, era aprobada la nueva constitución, en abierta violación a lo establecido por la propia ley 6302 que indicaba que el plazo para el desarrollo de los debates sería de 90 días.
El Observatorio del Instituto Sampay realizó un análisis pormenorizado tanto de este proceso de convocatoria, puesta en marcha y aprobación, como de los contenidos de la nueva constitución jujeña. Se titula “Sobre la Reforma Constitucional jujeña: la Reforma Constitucional de la Provincia de Jujuy es unitaria y promueve la desintegración territorial”. Algunas peculiaridades surgieron de ese análisis. Las violaciones legales involucradas en los aspectos “formales” del proceso constituyente son infinitas. Por razones de espacio nos vamos a centrar solo en algunos aspectos de fondo que consideramos imprescindible resaltar. La Constitución Nacional establece, en su Artículo 31: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales (…)”. Sin embargo, la nueva constitución de Jujuy avanza sobre lo establecido por la Constitución Nacional en varios aspectos. Por una parte, contra lo establecido por el Artículo 75 de la Constitución Nacional, que indica que la intervención federal de una provincia o de la ciudad de Buenos Aires es un atributo exclusivo del Poder Ejecutivo, la constitución jujeña recientemente aprobada regula rigurosamente en su artículo 5, a lo largo de cinco incisos, cuáles deben ser las atribuciones de un interventor federal, qué le está prohibido, cuánto debe durar la intervención y en qué condiciones podrá decidir intervenir los poderes y leyes provinciales. En el artículo citado de la nueva constitución jujeña, refiriéndose a un potencial interventor federal, se usan expresiones como “deberá”, “se limitará”, “si así no lo hiciera”, “en ningún caso el interventor puede”, “será nula cualquier medida (…)”. El Instituto Sampay concluye que “Esta redacción no tiene validez en nuestra forma federal de gobierno, implica en la práctica una temeraria conducta separatista que, como mínimo, debe ser denunciada por secesionista”. En el mismo sentido, el nuevo artículo 6 establece: “En ningún caso las autoridades provinciales, municipales, incluso los interventores federales, so pretexto de conservar el orden público, la salud pública o aduciendo cualquier otro motivo, podrán suspender la observancia de esta Constitución (…)”. En otras palabras, la Constitución Provincial se pone así, estableciendo de antemano los alcances y los límites de cualquier intervención, por encima de las atribuciones que la Constitución Nacional sanciona como exclusivas del Poder Ejecutivo.
En una dirección parecida, el artículo 68 de la nueva Constitución establece en su inciso 1: “Esta Constitución ratifica el pleno dominio y la titularidad exclusiva de la Provincia sobre los recursos naturales, biodiversidad, recursos genéticos y demás bienes ambientales comunes existentes en su territorio”. En el 2: “El Estado asegura la protección de los recursos naturales existentes en su territorio frente a cualquier injerencia indebida de la Nación”. Sí, leyeron bien: para la constitución macrista de Jujuy ya no se trata de protegernos y proteger nuestros recursos de cualquier injerencia extranjera, sino ¡de la Nación!, o sea, de nosotros mismos. Entonces, si para el macrismo el enemigo somos los argentinos, ¿en nombre de quién gobiernan o aspiran a gobernar? Sigamos. En el 3: “Esta Constitución ratifica la potestad de la Provincia para la regulación de toda forma de aprovechamiento económico o financiero que se derive de la reducción o mitigación de gases de efecto invernadero que se generen a partir de actividades que se desarrollen dentro de su territorio”. Ciertamente, la Constitución Nacional establece que ”Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, pero este concepto de “dominio originario” -o “dominio eminente”- está referido a la soberanía estatal sobre el territorio pero no está vinculado directamente con la propiedad de los recursos, que puede ser privada, estatal, nacional, provincial, comunitaria o compartida. Al extender la nueva constitución jujeña el dominio originario al acervo genético y la biodiversidad, amplía de modo muy discutible el concepto de recursos naturales, y, para colmo, al constituirse en defensora de la propiedad provincial de los mismos frente a “cualquier injerencia indebida de la Nación”, parece reafirmar la voluntad secesionista, de desintegración territorial, subrayada por la interpretación del Instituto Sampay. Parece emerger aquí el peso de la situación geopolítica internacional en la modulación de los proyectos y las estrategias de una de las coaliciones que aspira a gobernar la Argentina durante el próximo cuatrienio.
Estos desafíos de la nueva constitución provincial jujeña al orden constitucional nacional, que de alguna manera ponen a la provincia de Jujuy por fuera del alcance de la autoridad nacional en muchos aspectos esenciales, resulta coherente, de modo preocupante, con las otras características del nuevo texto constitucional que levantaron una consistente oposición, tanto social como política. El más urticante: la prohibición de los cortes de ruta y de la ocupación del espacio público como forma de protesta social. La brutal represión a que fueron y siguen siendo sometidos los sectores del pueblo jujeño que protestan contra la nueva constitución, pidiendo su derogación, preanuncia el tipo de políticas que podrían poner en práctica los dirigentes de JxC de llegar a gobernar nuevamente la Argentina. Así lo cristaliza la reivindicación explícita que de la represión jujeña, llevada a cabo por el gobierno de Morales, hicieron Bullrich y Larreta. Larreta, por su parte, ungió a Gerardo Morales como su precandidato a vicepresidente de la República, para que no queden dudas de que él, al igual de Bullrich, está dispuesto también a administrar el ajuste que promete con ayuda de la más implacable represión social, como había denunciado Carrió unas semanas atrás. Fue imposible, por lo demás, para cualquier observador desprejuiciado, no notar las similitudes en las tácticas represivas y discursivas puestas en acción por el gobierno de Jujuy y sus policías, no sólo con las de la última dictadura militar (uso de vehículos privados y empresariales, irrupción en domicilios familiares, arresto sin motivo a simples pasantes y testigos, etc.) sino también con las que desplegaron los golpistas bolivianos y, hoy en día, el gobierno de Perú. ¿Un patrón internacional?
En sus Conferencias sobre la filosofía política de Kant, Hannah Arendt atribuye al filósofo de Könisberg una idea provocativa: si el decurso de la política es visible con mayor lujo de detalle para quienes la hacen, sus actores, directamente involucrados en ella, el sentido de la misma sería, en cambio, mucho más claro para quien es testigo del proceso, pero no se encuentra directamente comprometido en él. Algo que parece responder a esta otra constatación hecha, esta vez, por un filósofo muy diferente: Carlos Marx. En sus trabajos sobre la lucha de clases en Francia, Marx escribe, al inicio, que los seres humanos hacen su propia historia, pero nunca saben muy bien qué historia están haciendo. Su maestro, Hegel, ya había escrito que a la comprensión de un proceso histórico se llega cuando ya todo ha sido consumado. Sin ir tan lejos, se puede observar, sin embargo, que el compromiso que pesa en lo inmediato sobre todos los actores del drama económico, social y político argentino los conduce a defender posiciones parciales, particulares, fragmentarias, e interpretar lo que ocurre y actuar a partir de ellas como si expresaran la realidad total en la que viven y actúan, sin tomar en cuenta para nada, sin cobrar conciencia, de la parcialidad de sus puntos de vista, intereses y situaciones. Algo que conspira seriamente contra la posibilidad de construir una Nación integradora de esas diferencias, que pueda cobijarlas y articularlas de modo que, como sugería Luis Inacio Lula da Silva que ocurre con una buena negociación, “todos queden insatisfechos, pero habiendo aceptado y firmado el trato”. Se diría, sin embargo, que alguno/as de lo/as participes de la justa política argentina tienen esa conciencia, son capaces de intentar, aunque más no sea, poner en práctica esa mirada de conjunto, articuladora, y actuar en consecuencia.
La cuestión de la Nación -su significado, su autonomía, su relación con los sectores y actores que forman parte de ella- y su lugar en el mundo y, por lo tanto, en la región, cobra hoy una importancia renovada. Que el conjunto de fuerzas políticas, encabezadas por el peronismo, que históricamente encarnaron el proyecto nacional-popular, hayan decidido darle al frente político el nombre de Unión por la Patria es un hecho que está cargado de significado. Es que la misma unidad nacional conspira hoy en día contra la posibilidad de prolongar en el tiempo el programa heredado de la etapa neoliberal y es, por lo tanto, una amenaza en sí misma para quienes tienen intención o mandato de perpetuarlo y que, por lo mismo, aspiran a terminar de descomponer las instituciones ya muy mermadas que organizan el Estado Nacional, reduciendo éste a un mero aparato represivo, de mantenimiento de la infraestructura indispensable y de administración contable de los flujos financieros gestados y aprovechados por los sectores extractivos y exportadores. Algo muy parecido a las funciones que tuvieron, históricamente, las administraciones virreinales. El caso de la Nueva Constitución de Jujuy parece mostrar el camino en ese sentido. Amenaza de secesión si el Estado Nacional, habitado por un posible gobierno nacional y popular, llegara a pretender avanzar sobre la regulación, la articulación y el control nacional de los recursos estratégicos cuyo dominio la Constitución del 94 garantiza a las provincias, y cuya explotación y uso pretenden hoy las empresas estadounidenses, tal como lo manifestaron explícitamente la generala Laura Richardson y la vicecanciller Wendy Sherman.
El conflicto entre los dos modelos organiza hoy, en buena medida, la polarización entre las dos grandes coaliciones políticas argentinas. La desesperanza y el reclamo furibundo, rabioso, de algo diferente, no importa qué, sostiene expresiones radicalmente destructivas e individualistas como La Libertad Avanza. En el seno de ese conflicto se encuentra la discusión acerca del Estado Nación, su función, sus horizontes, y su relación con el pueblo nacional y sus diversos sectores.
En el seno del campo nacional el desafío acerca de si la Nación Argentina tiene que seguir existiendo como tal realmente y no sólo como una mera formalidad jurídica, consistiría en constituir una nueva “hegemonía” pero no partidaria sino de proyecto, destinada a superar el carácter bimonetario de la economía, reconstruir un tejido productivo que permita evitar los ciclos de stop & go, y lograr un balance de distribución de la riqueza y acumulación de ganancia que permita el desarrollo armónico de una economía capitalista en proceso de industrialización e innovación. Y esto en un mundo atravesado por un conflicto entre una potencia decadente, que pretende seguir conservando sus aspiraciones hegemónicas unipolares, y un conjunto de potencias emergentes (con China a la cabeza) que abogan por una transformación del orden mundial: de uno dominado por la lucha hegemónica, a uno de convivencia multipolar y cooperación internacional para resolver los grandes problemas de desarrollo, segregación social, reconversión energética y reconversión productiva que aquejan a la comunidad humana. En definitiva, nos volcamos a la construcción de la unidad nacional para proyectar la integración regional y un nuevo bloque de poder en el mundo multipolar, o corremos el riesgo de quedar sometidos a un programa de desintegración nacional con destino de colonia. Somos un gran país, no permitamos que nos dividan. Seamos Patria.
