Por Verónica Benitez* | 8M Ocho Miradas frente a la austeridad
Marzo, en función del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, invita a la reflexión y a la discusión sobre la organización y el funcionamiento del mercado laboral en relación con el rol de las mujeres. En este artículo se repasan estadísticas, políticas y experiencias para trazar una hoja de ruta hacia la erradicación de las asimetrías que gobiernan el mundo del trabajo.
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Las desigualdades en el ámbito laboral son un fenómeno a nivel mundial tan antiguo, por lo menos, como este sistema de producción. Fruto de las luchas feministas, sindicales y políticas, mucho se ha avanzado pero aún queda un largo camino para trastocar el techo de cristal y la brecha salarial entre varones, mujeres y diversidades sexogenéricas. Este es el cuarto paro internacional de mujeres, ¿cuánto se progresó en el rompimiento de estas desigualdades? ¿Qué actores son clave para quebrar estas injusticias? ¿Existen políticas públicas con perspectiva de género que garanticen que la inserción laboral suceda acortando la brecha de género?
Para aproximarnos a construir respuestas a estos interrogantes es necesario repasar ciertos datos estadísticos. En primer término, según la OIT, el índice actual de participación de las mujeres en la población activa en el mundo se aproxima al 49%, mientras que el de los varones es del 75%. Por lo tanto, existe una brecha del 26% y en algunas regiones esa diferencia llega al 50%. Así, para las mujeres es más difícil encontrar empleo y cuando se accede, suele ser en bajas categorías, en condiciones de vulnerabilidad, informalidad y con peores salarios. En este punto cabe decir que, si bien el empleo desprotegido está generalizado más allá del género, la presencia de las mujeres en estos puestos es más extensa y se combina con otras formas de precariedad.
Entonces, aunque en las últimas dos décadas nuestra participación en el mundo laboral se incrementó, se ha dado en condiciones desventajosas. Más aún, si se atiende este proceso en años recientes, se observa que el crecimiento disminuyó en América del Sur, África del Norte y los Estados Árabes. Así, después de medio siglo de crecimiento sostenido se percibe una desaceleración en el ingreso al mundo del mercado de trabajo y, sobre esto, la OIT señala que los progresos realizados por las mujeres en el plano educativo no se trasladaron a una mejora en su posición laboral.
En segundo lugar, en este escenario las mujeres tienen más probabilidades de encontrarse y permanecer desempleadas, menos posibilidades de participar en la fuerza de trabajo en comparación con los varones. Tal es así, que en los países más avanzados en políticas de participación igualitaria, la brecha salarial es del 23%, del mismo modo en los países más atrasados la brecha llega al 45% entre varones y mujeres. Estas cifras que visibilizan la desigualdad que vivimos actualmente se traducen no sólo en menores oportunidades de empleo, sino también en la escasa variación a lo largo del tiempo. Todo ello socava la capacidad de obtener nuevos ingresos y aumentar la autonomía económica.
En Latinoamérica, si bien la brecha de participación se encuentra entre las más amplias del mundo, en las últimas décadas se ha reducido considerablemente. Así, en nuestro país la participación de las mujeres en el mundo del trabajo ha aumentado considerablemente y son muchas las jefas de hogares o sostén principal económico.
Asimismo, las asimetrías se dan de manera vertical y horizontal: la presencia de mujeres en actividades feminizadas ha aumentado de un 41,5% a un 61,5% a escala mundial.
Según el INDEC, las mujeres se sitúan mayoritariamente dentro del grupo de menores ingresos. La concentración de mujeres en ese grupo puede explicarse por la percepción de ayudas económicas como la AUH, otros ingresos no salariales provenientes de la Seguridad Social, por la inserción de las mujeres en el trabajo doméstico remunerado y por ingresos en sectores informales. Ahora bien, más allá del nivel de participación, del total de las mujeres ocupadas, el 35% se encuentra en condiciones de informalidad.
El Estado frente a la brecha
Desde 2019, en nuestro país, existen políticas públicas con perspectiva de género que tienen como población prioritaria a las mujeres y las diversidades, especialmente aquellas que viven en sectores vulnerados o padecen alguna problemática como la violencia de género. Son muchos los organismos y áreas que orientan su acción a atender a este grupo, pero en la intersección género y trabajo, tanto el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social elaboran programas para abordar las desigualdades y las brechas existentes.
En ese nudo problemático, un asunto fundamental que se agrega es el trabajo en las casas: las horas ocupadas en las tareas de cuidado, invisibilizadas, sin remuneración y feminizadas. Según reveló la primera Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021), las mujeres duplican a los varones en las horas diarias dedicadas a estas labores y superan en 1.30 horas a sus pares en el tiempo destinado por día a las tareas domésticas.
Esta encuesta se realizó en medio de la pandemia por COVID-19, cuando las modalidades y usos del tiempo se vieron modificados y nuevamente la población más afectada fue la femenina. Esta realidad que se da a nivel mundial, sustenta el concepto de división de roles en función del género y presiona a las mujeres a adaptarse a determinados contextos laborales, funciones y actividades, ya sea en la esfera pública o privada.
Por todo ello, al momento de pensar en la hoja de ruta de los feminismos frente a la intersección género y trabajo, se debe resaltar que a las dificultades que sofocan a todos los trabajadores en el presente (precarización, informalidad, magros salarios), en el caso de las mujeres y las diversidades se conjuga con vidas más precarias y con el doble de carga que imponen las tareas de cuidado. El desafío es grande. Exige de la reflexión y la acción, fundamentalmente, del Estado para pensar política pública capaz de tender a erradicar estas injusticias, pero también del sector privado, la sociedad y la organización colectiva.
¿Cómo hacemos para acortar hasta eliminar la brecha? En primer lugar, reconocer las nuevas formas y modalidades de trabajo y sus desventajas. También visibilizar que en esas nuevas formas y modalidades, las mujeres se encuentran afectadas y en estado de vulnerabilidad. Además, reconocer la participación de las mujeres en la economía popular que va creciendo en nuestro país y en nuestra región, nos invita a reconocer que nos deja afuera de los derechos sociales. Por esto, insistimos en el rol del Estado para garantizar esos derechos. La economía popular ha sido una pata fundamental, principalmente en los años de pandemia, mediante la cual las mujeres de los barrios populares generaban nuevas formas de trabajo y al mismo tiempo se organizaron en comedores y merenderos para paliar la crisis.
Por su parte, las nuevas modalidades de teletrabajo ubican a los y las trabajadoras en otro escenario laboral con otros modos de ejercer el trabajo, creando así un nuevo sujeto en la era del capitalismo digital. Es un desafío para el Estado poder adaptar la legislación y sus instituciones a esta nueva modalidad para garantizar el pleno ejercicio de los derechos laborales reconocidos en nuestra Constitución, en una sociedad donde siempre las más precarizadas somos las mujeres.
Podemos afirmar así que el desafío es doble y tiene que ver con una perspectiva de clase y una perspectiva de género. Trabajadoras somos todas. Los datos arrojados son claros, las mujeres afrontan obstáculos socioeconómicos persistentes que las mantienen al margen del mercado laboral.
Si tenemos la posibilidad de determinar y cuantificar esos obstáculos, podemos elaborar políticas estructuradas más firmes para eliminarlos. Necesitamos de la sociedad en su conjunto, del ámbito público y del privado, de la organización política y social y, principalmente, de la voluntad real de quienes ocupan espacios de poder.
*Feminista popular. Ni Una Menos y Capitanas Mendoza.
Excelente nota para entender, a base de datos, las luchas qué hay que profundizar para ganar terreno en el ámbito del derecho laboral.