En el último semestre la derecha fascista ha generado en la región una serie de acontecimientos destinados a sabotear las políticas ejecutadas por gobiernos que han tratado de construir un proceso de contención social y de soberanía económica y política, distantes del guión construido en la época de la administración Trump.
Estos eventos, lejos de manifestarse como hechos aislados, dejan entrever una trama que apunta a consolidar el poder de los sectores concentrados de la economía y la hegemonía imperialista en Nuestra América en la disputa mundial contra la multipolaridad.
El redespliegue imperialista en el siglo XXI se presenta de la mano de los sectores reaccionarios de una derecha que —lejos de tener un discurso político enrolado en la lógica conservadora o liberal del siglo XX— aparece como antisistémica, seudomoralista, profundamente xenófoba y racista, más orientada a generar el caos que a construir un camino para la consolidación de sus relatos políticos; pues como ha quedado demostrado, cuando llegan al gobierno se entregan mansamente a las recetas fondomonetaristas y a ser bufones en la corte del vetusto sistema unipolar anglosajón.
Tras el parapeto de la “libertad” y de la “Democracia”, al cumplirse 200 años de la aparición de la “Doctrina Monroe” (1823-2023), los sectores más oscurantistas y violentos de la sociedad y de la política se presentan como paladines conjurados, dispuestos a dar batalla a como de lugar para derrotar a lo que ellos desde su visión mesiánica catalogan como enemigo marxista, socialista o, de últimas, populistas o autoritarios.
En el marco de esta crisis profunda del capitalismo, agudizada por la pandemia del Covid19 y la guerra desatada por la OTAN en Ucrania contra el despliegue pujante del multipolarismo en Eurasia, las ofertas demagógicas de las derechas electoralistas neoliberales pierden influencia en los sectores cada día más pauperizados de las clases medias bajas y los sectores populares, abriendo camino a las retóricas fascistas que con su discurso intolerante, echan mano a las tácticas de las guerras híbridas poniendo en marcha procesos destituyentes, movilizando a los recursos enquistados en la institucionalidad para implosionar los procesos populares.
Los medios de desinformación y manipulación, en concordancia con los elementos mercenarios reclutados en el poder judicial y legislativo, actúan como herramientas determinantes para la implementación del lawfare y para propiciar el consiguiente manto de impunidad con el que se protege a las acciones destituyentes.
Al mismo tiempo, estas mafias de sicarios de la verdad se constituyen en agentes fundamentales para la persecución y difamación no solo de los actores políticos enrolados en el campo popular, sino también de las obras y medidas que expresaban los intereses populares.
Su norte es la desmoralización, la desmovilización y la satanización de las organizaciones populares, la des-sindicalización del movimiento obrero y la atomización de los sectores de izquierda y revolucionarios.
No actúan espontáneamente, son organizados por el imperialismo en asociaciones como la CPAC (Conservative Political Action Conference), de la que participan conspicuos representantes de estas derechas fascistas como Eduardo Bolsonaro, Luis Fernando Camach y, Javier Milei, entre otros. Y quiero detenerme un instante aquí, ya que estos tres personajes han sido, directa o indirectamente, participantes, de una u otra manera, de los últimos acontecimientos destituyentes de diversa gravedad en Nuestra América.
Luís Fernando Camacho, hoy se encuentra en prisión preventiva en el Estado Plurinacional de Bolivia por una causa que lo vincula con el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, pero, así y todo, se permite seguir desestabilizando al gobierno incitando a sus seguidores a través de un texto en el que manifiesta que el Movimiento al Socialismo (MAS) está en “su momento final” y llamó a una “lucha nacional” contra el oficialismo. Además, el dirigente golpista insistió en que el país está en un “momento crítico” por los conflictos internos en el MAS y por una supuesta “crisis económica” que el Gobierno de Luis Arce no quiere informar: “Nuestra lucha debe ser nacional porque en última instancia se trata de salvar a Bolivia de la corrupta dictadura masista”.
Otro de los convidados a los cónclaves de la CPAC es Eduardo Bolsonaro, que no solo conspira contra el gobierno democrático del electo presidente Luiz Inacio Lula Da Silva de manera violenta, como se pudo apreciar desde el mismo momento que se conocieron los resultados que consagraron al dos veces presidente, sino también días después de la asunción generando los hechos que son de público conocimiento y que han dejado personas heridas y alrededor de mil detenidos, inaugurando así un nuevo proceso destituyente contra la voluntad y los intereses populares de Brasil.
Como nota de atención, debemos recordar que tanto Camacho en 2019 como los Bolsonaro en 2022 acudieron a la figura del “fraude electoral” para convocar a la desobediencia civil y militar. También podemos mencionar que golpistas bolivianos partícipes de la dictadura de Jeanine Añez, prófugos de la justicia como Luís Fernando López, ex ministro de defensa, Yuri Calderón ex comandante de la policía y otros, se encuentran protegidos en Brasil, por el momento. En Santa Cruz, lugar del que es gobernador Camacho, están afincados importantes productores rurales brasileños que por el año 2008 aportaron a las pretensiones separatistas protagonizadas por Branko Marinkovik, otro golpista ex ministro de Añez, también elogiado por Eduardo Bolsonaro.
El relato antipopular y fascista expresado de manera violenta une a estos dos personajes con otro miembro de la CPAC, Javier Milei, de “La Libertad Avanza”, que no tiene empacho de decir públicamente que “el Grupo de Puebla quiere alcanzar una «Unión Soviética latinoamericana»”. Aupado por el grupo Clarín y La Nación, Javier Milei es promovido como un aspirante serio en las próximas elecciones presidenciales del 2023, su relación con grupos económicos estrechamente relacionados con el macrismo y la participación de jóvenes afines a su “cruzada libertaria” en el intento de magnicidio contra la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no son un dato menor y nos llevan a reflexionar, ¿qué ocurriría en Argentina si la derecha saliera a reclamar que en las elecciones hubo fraude? ¿Veríamos en nuestra tierra la coreografía montada por la derecha fascista en Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Brasil y Perú? Después del grave suceso del primero de septiembre contra la vice presidenta y del manto de impunidad orquestado por el poder judicial y sus aliados, nada nos debe asombrar.
